La presidenta del Consejo Taxista del Estado de Puebla (CTEP), Erika Díaz, consumó su traición a Martha Erika Alonso, quien apoyó a la candidata panista en 2018, al responsabilizar al morenovallismo del incremento desmedido de las empresas de transporte ejecutivo como Cabify y Uber, a quienes acusó como ‘competencia desleal’.

Durante su participación en la clausura del foro ‘Por un transporte sustentable’, la representante de los taxistas refrendó su compromiso con Luis Miguel Barbosa para sumarle a su campaña más de 10 mil votos en las próximas elecciones del 2 de junio, donde le solicitó a los taxistas cuidar y velar por el morenista, quien dará respuesta a sus necesidades.

Uno de los principales reclamos por parte de los taxistas ha sido la instalación de empresas de transporte ejecutivo como Uber y Cabify que han desplazado gran parte de su mercado por las tarifas o ‘seguridad’ que brindan este tipo de vehículos.

No obstante, reiteró que estas empresas se manejan al filo de la legalidad, acusando por ejemplo que mientras a Uber y Cabify se les permite conducir con una licencia particular y ser beneficiarios de multas al 50 por ciento, a los taxistas se les obliga a pagar multas ‘estratosféricas’, por lo que exigió ‘piso parejo’.

“Esas mismas autoridades han permitido que las famosas empresas de transporte crezcan con miles de unidades particulares, fomentando y tolerando una competencia indirecta”, dijo durante el encuentro de la CTEP con el candidato Luis Miguel Barbosa, para solicitarle que regule el servicio de este tipo de aplicaciones y las restringa a utilizar como método de pago el efectivo.

Asimismo, retomó el caso de Mara Castilla, la universitaria presuntamente asfixiada y violada por un chofer de la plataforma de Cabify en 2017, para solicitar al aspirante a Casa Puebla que reforme la ley para que los propietarios de los vehículos particulares se hagan corresponsales de las faltas o delitos que cometan sus choferes ejecutivos, declarando que el dueño del vehículo en el que viajaba la joven de 20 años de edad goza de impunidad.