En nuestro país, al mundo del trabajo se le ha denominado por un gran articulista como el “Inframundo Laboral”. Rara vez se habla de estos fenómenos y su relación con los procesos democráticos y la estabilidad social. Por tanto, están generalmente ausentes del pensamiento político y su ocultamiento beneficia a las corrientes conservadoras. Sólo dos instituciones académicas (UNAM y UIA Puebla) están dedicadas a la investigación en ese campo. Por tanto, este oscurantismo ha conducido al deterioro de las condiciones de trabajo y propiciado la corrupción de sindicatos y dirigentes alentados desde la iniciativa privada y el poder político como en alguna época lo representó Romero Deschamps.

En medio de una gran expectación y ante cientos de medios internacionales, el pasado miércoles 13 de noviembre comenzaron las audiencias públicas de la investigación en contra de Donald Trump. Dichas sesiones –no ocurridas desde hace dos décadas- son la antesala de lo que podría derivar en un juicio político al actual presidente de los Estados Unidos.

En el año de su consulado (63 a.C.), Cicerón hizo frente a la despótica conjura política de Lucio Sergio Catilina para destruir a la República por la vía de la violencia. Un golpe de Estado fraguado desde los grupos populistas más exacerbados y contrarios al desarrollo progresista del Senado romano. El máximo magistrado tuvo conocimiento de lo que se tramaba cuando Quinto Curio le alertó del peligro, lo que evito su muerte y le proporciono la oportunidad de pronunciar contra el cabecilla de los conjurados cuatro discursos que tuvieron una influencia decisiva en la frustración del complot.

Donde las dan, las toman. Mientras Donald Trump se empeña en atacar a distinguidas congresistas provenientes de familias migrantes –con su ya conocida y deleznable predica machista y xenófoba- durante la discusión de las nuevas reglas para la solicitud de asilo y refugio, así como la cruel decisión de intensificar las redadas en contra de migrantes, con el fin de enjaular a miles de indocumentados sin importar su edad y expulsarlos del país de inmediato; a contrario sensu ocho alcaldes de las ciudades más grandes de los Estados Unidos llamaron a la resistencia, recordándole al Ejecutivo norteamericano que ellos forman parte no sólo del “ala progresista de las posturas pro-migrantes”, sino que constituyen “el mayor polo económico y cultural de la Unión Americana, ello gracias en gran medida a los trabajadores migrantes que albergamos”. 

Los sucesos que hoy ocurren tanto en la fronteras sur y norte de nuestro país corren por dos vías concatenadas: un acuerdo migratorio coaccionado por uno en materia fiscal y económica. Cuestión que ha generado inmensas confusiones respecto de la naturaleza de esos fenómenos y sus implicaciones jurídicas. En primer lugar, la tendencia a confundir a los refugiados y los migrantes, o referirse a los primeros como una subcategoría de los segundos, puede tener graves consecuencias para la vida y la seguridad de las personas que huyen de cuestiones derivadas de conflictos armados, políticos, económicos e incluso medio ambientales. Denominar sólo como migrantes a quienes buscan el cobijo de nuestro país y enseguida el ingreso a los Estados Unidos por razones humanitarias es un error. Estas personas son en rigor refugiadas y por tanto protegidos por el derecho internacional como lo estipula la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados.

En las últimas semanas se ha generado un intenso debate sobre la orientación que ha tomado el actual gobierno de nuestro país, en relación con el tema de los ahorros generados por el recorte de personal y la supuesta falta de erogación de recursos en los servicios prioritarios que son obligación del Estado, cuestión que algunos analistas han catalogado como una medida que no resuelve el actual estado de la administración pública y sólo genera mayor desempleo y escasez de servicios. Para el resto, dicha gestión propicia un ambiente de certidumbre para la población, en relación con las acciones orientadas a fin de arrancar de raíz los vicios de corrupción que durante los últimos 30 años se multiplicaron hasta corroer gran parte de la estructura administrativa del gobierno.

No existe duda en el país y en el mundo que el cáncer que ha carcomido a la República es la corrupción. Rubro en el que somos referentes mundiales como lo reporta la OCDE y Transparencia Internacional. De ahí la imperiosa necesidad de la 4T para centrar las acciones legislativas y ejecutivas con el fin de erradicar este mal endémico, sin denostar las valiosas y necesarias determinaciones que ha emprendido la sociedad en su conjunto. Sin embargo, para entender con plenitud a la corrupción y sus secuelas en la vida pública, se tiene que dilucidar otro fenómeno denominado “impunidad” –rasgo distintivo de la carencia de un genuino Estado de Derecho-. Males que se complementan y que son consustanciales entre ellos.

El esfuerzo central de la transición, después del fraude de 1988, se orientó hacia la legalidad y veracidad de las elecciones. El objetivo era claro: establecer en México las bases de un poder genuinamente representativo que propiciara el pluralismo político y la alternancia genuina en el poder. Desde entonces, se definió que el eje de los problemas nacionales radicaba en la cuestión del poder: de su formación, distribución y ejercicio. Treinta años después de incesante lucha por su transformación, el país alcanzó una relativa madurez en sus instituciones democráticas representativas, que permitieron el arribo abrumador de las fuerzas progresistas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores es una institución de Estado, prestigiosa por muchos conceptos, pero que durante el periodo tecnocrático se le puso al servicio del gobierno en turno a fin de responder a sus compromisos inconfesables con el extranjero

A finales del año pasado se fijó el nuevo salario mínimo para 2019 en 102.68 pesos y en estados fronterizos a 176.72 pesos, lo cual representa un aumento del 16.2 por ciento y del 100 por ciento, respectivamente. Este aumento en las remuneraciones es sin duda el primer avance en la reducción de la disparidad en los ingresos de los mexicanos.