Desde hace tiempo que la administración pública demanda una reforma en profundidad. Ésta se entiende como el proceso técnico permanente de revisión y racionalización de los sistemas, estructuras y procedimientos del sector público, para que éste pueda responder, cada vez con mayor eficiencia, a las necesidades crecientes de la realidad del país. Es evidente que toda administración se transforma continuamente: crece, amplía su estructura y complejiza sus procedimientos. Pero sólo puede hablarse de reforma administrativa cuando esta transformación permanente se conduce consciente y técnicamente hacia el objetivo de elevar la eficiencia del aparato.
Toda reorganización implica una transferencia de control, que puede traducirse en una transición del poder hacia la sociedad. Exige privilegiar las capacidades de planeación, regulación y control sobre las operativas –que desde mi opinión debieran desconcentrarse o trasladarse a estados y municipios-. Supone además cambios constitucionales para redefinir competencias de acuerdo con las exigencias y necesidades de cada momento histórico. Por ello, las etapas de estructuración administrativa corresponden a una alternada estrategia político-económica.
Sin embargo, hay quienes se empeñan en atar la reforma administrativa, léase la Secretaría de Hacienda, a la planeación económica. La reestructuración de la gestión pretende elevar la eficiencia del aparato público. Ese es su objetivo inmediato. La administración pública, como conjunto de organismos del gobierno, tiene varios objetivos que cumplir, no sólo el desarrollo en ese rubro. Funciones fundamentales del gobierno son, además, lograr el desarrollo social, cultural y educativo que resulte en mejores condiciones de vida y que a su vez genere un contexto político y democrático propicio para la ciudadanía. Es decir, rubros interrelacionados e interdependientes, que ante la carencia de uno produce inestabilidad en todo el aparato administrativo. En términos de Gunnar Myrdal un “Estado Obeso” no se pesa por los recursos humanos o económicos que se destinen a las diversas extremidades de la administración pública, sino por su ineficiencia tanto en su operación y otorgamiento de los servicios.
Por ello, reitero que el aparato administrativo está en forma cuando se eficientizan sus servicios, se profesionalizan las acciones de las instituciones públicas, se capacita a los servidores y se les redignifica como actores sociales de transformación, al eliminar las funciones accesorias o aquellas en las que se duplican o confunden responsabilidades, pero sobre todo cuando se democratizan las acciones del gobierno y su vigilancia estricta, ambas a través de procedimientos de participación social. En suma: la reingeniería de la administración pública. Por el contrario, ésta no sucede cuando ‘amputan’ los recursos humanos y financieros de las actividades sustantivas bajo la lógica económica, mucho menos cuando no se reorienta el gasto en inversión social y de infraestructura, también en la ampliación de los servicios y su cobertura.
Estamos ciertos que la 4T no debe tener como base las trasferencias monetarias que caracterizaron a los gobiernos tecnocráticos como instrumento para el adelgazamiento del Estado, sino que exige una reforma cabal del ente administrativo que sirva como plataforma de lanzamiento de diversos programas sociales en defensa de los más desprotegidos.
Recordemos que el turbulento Estado que Roosevelt heredó, producto de las torpezas de algunas de las administraciones que le precedieron y causantes de la Crisis de 1929, fue el detonador para una de las reformas administrativas más ambiciosas de beneficio social en la historia de Estados Unidos: la creación del Welfare State o Estado de bienestar.
