No sólo representa la elevación porcentual más alta desde que los gobiernos tecnocráticos asumieron la conducción del país, sino que, por primera ocasión en 25 años, dicho monto se ubica por encima de la línea de bienestar determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Dicha medida ha sido aplaudida por la clase trabajadora y sus representantes, quienes argumentan que ésta permitirá un avance escalonado de los salarios más bajos y la reducción de la brecha de desigualdad. Por su parte, el sector empresarial la recibe con “beneplácito”, ya que declara que su elevación responde a la necesidad de ampliar el mercado interno y estimular la productividad. Cuestión que desde hace más de 40 años se corroboró, cuando en 1976 el país gozaba del salario mínimo máximo histórico.
Hoy no se escuchan aquellas voces que vaticinaba que con el aumento del salario mínimo se tendría un impacto directo en los índices inflacionarios, mucho menos la intervención indebida del Banco de México. No obstante, algunos sectores menosprecian su elevación ya que arguyen que sólo se beneficiará a aquellos que ganan de uno a dos salarios mínimos –calculado en ocho millones de trabajadores- y que a su vez desincentiva la generación de empleos. Nada más falso. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ha probado que el incremento de los salarios mínimos repercute en cadena sobre todo el universo salarial (llámese salarios contractuales); sea en su elevación o en su caída. También que “subir el salario mínimo no daña al empleo, sino que por el contrario se convierte en un imperativo económico para el crecimiento interno de las naciones”.
No obstante del avance obtenido, es menester enfatizar que dicho aumento aún se encuentra por debajo de lo establecido por el mandato constitucional. Recordemos que el texto del artículo 123 establece que “el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala: “toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia”. A raíz de dichas afirmaciones, el ya fijado salario mínimo para el próximo año cubre la línea de bienestar únicamente del trabajador y no de su familia.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el número de personas que en promedio residen en un hogar en México es de 3.7, de las cuales dos de ellas son proveedoras y dos dependientes económicos. Es por ello que el objetivo concreto debe ser elevar el salario mínimo a dos veces el monto equivalente a la línea de bienestar urbana, es decir -considerando las cifras hasta el mes de noviembre- por lo menos a la cantidad de 6,123.54 pesos mensuales (201.43 pesos diarios).
Con esta medida se podrá cumplir cabalmente con las disposiciones constitucionales y convencionales, puesto que así, en una familia promedio de cuatro integrantes, los dos miembros económicamente activos cubrirían sus necesidades y las de aquellas dos personas que sean económicamente pasivas. Como bien lo ha dicho la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, “el salario mínimo ha perdido más del 70 por ciento de su poder adquisitivo”. De acuerdo con los observatorios académicos en la materia con la elevación del salario a dos veces la línea de bienestar y su elevación paulatina a partir de esta base, se podría resarcir en un máximo de siete años esta pérdida histórica.
