De ahí la importancia de foros legislativos como los promovidos por el senador Naopoleón Gómez Urrutia que, através de una iniciativa coherente, busca eliminar un cáncer endémico como lo es el outsourcing y los llamados “Contratos de Protección Patronal”. Por añadidura, publicaciones responsables que explican la catástrofe laboral que implicó la adopción del ciclo neoliberal en nuestro país. En este sentido, el pasado martes 3 de diciembre la maestra María Xelhuantzi presentó la obra titulada 101 Años de control sindical en México, aportación que abona al debate actual sobre la imperiosa necesidad de una transformación profunda y estructural de la democratización de las relaciones de trabajo y sus organizaciones.
Este trabajo, sin demérito de la narrativa historica, ofrece explicaciones contundentes sobre los orígenes y la institucionalización de la “pobreza por decreto” —como lo bautizara el diputado y ex secretario del Trabajo Porfirio Muñoz ledo– que se impuso a los trabajadores mexicanos con el arribo de una tecnocracia rampante, y que hicieron de nuestro país la cúspide de la desigualdad.
Cabe destacar que dicho libro señala que desde el sexenio de Miguel de la Madrid el salario mínimo se depreció en 82 por ciento; cuestión que nos coloca desde 2002 en el tercer lugar en depreciación de la región como lo señala la OIT. Por su parte, la OCDE asegura que desde 1994 la mano de obra mexicana es la peor pagada de los 36 países miembros. Sin embargo, la promoción de la Secretaría del Trabajo y su titular Luisa María Alcalde para llevar la remuneración mínima durante 2019 a 102.68 pesos a nivel general y en los estados fronterizos a 176.72 pesos, colocó por primera vez desde 1976 a esa remuneración por encima de la Línea de Pobreza por persona.
Cuestión que refutó la tesis de una derecha irresponsable y de quienes ocuparon la tutela del Banco de México en los sexenios anteriores: “Si los salarios subían por arriba de la productividad, sólo propiciarían inflación, lo que anularía el incremento nominal de los ingresos de los trabajadores”. Es menester enfatizar que el incremento en del 16 por ciento general y del cien por ciento en la frontera, la inflación bajó —para el cierre de este año— a tres por ciento. Por tanto, estas consideraciones debieran ser el punto inicial para la determinación que habrá de darse en los días venideros en los que se tomará la decision sobre el incremento que debiera tener el salario mínimo para 2020.
El Senado de la República así como el empresario Carlos Slim han propuesto una elevación aún mayor del salario mínimo. Plantean un aumento del 68 por ciento y del 25 por ciento respectivamente para el próximo año, con el fin de coadyuvar con los sectores empresarial que reactive e impulse el mercado interno y social en la recuperación de un salario justo.
Todavía algunos sectores menosprecian esta política calculando que sólo beneficia a ocho millones de trabajadores. Ignoran su repercusión sobre todo el universo salarial. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha probado de modo irrefutable que “los salarios mínimos impulsan a los contractuales e incluso al ingreso de los trabajadores informales, sea en su elevación o en su caída”. También que “subir el salario mínimo no daña el empleo, sino que se convierte en la base económica sobre la que se edifica el progreso de las naciones”.
La decisión de aumentar el salario mínimo va en sentido correcto, pero debieramos considerar como indispensable reforzarla mediante un mecanismo permanente con fuerza de ley. Cabría recordar que desde el mes del febrero el diputado Muñoz ledo presentó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece el salario mínimo en dos veces el valor por persona de la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana establecida por el Coneval. Es menester enfatizar que los datos del INEGI señalan que el 88 por ciento de los hogares se componen por cuatro personas y que el salario actual sólo cubre las necesidades básicas de los proveedores y no de los dependeintes económicos. La 4T tiene como obligación de seguir los lineaminetos de nuestra Carta Magna. La pobreza no se soluciona en programas enfocados en tranferencias economicas, sino en en el respeto y apego irrestricto que marca el articulo 123 Constitucional: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
