Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco, garantizaron el pasado lunes que sus departamentos de policía no participarán en los operativos de los oficiales del servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), establecieron líneas telefónicas para reportar redadas y brindar ayuda gratuita y confidencial a los migrantes, crearon un fondo para representación judicial y planes de emergencia ante la separación forzada de familias, así como la designación de cuidadores temporales de menores que permanezcan en los Estados Unidos en espera de regularizar su situación migratoria. Un plan conjunto denominado “Siempre seremos ciudades santuario”.
A la par, un sinnúmero de asociaciones civiles como la American Civil Rights Movement fundada por Martin Luther King, The Leadership la cual aglomera a los bufetes de abogados en defensa de los migrantes en toda la Unión Americana y las Universidades como SFSU de San Francisco y la UH de Houston, entre otras, se constituyeron todos como la New Sanctuary Coalition. Entre sus acciones se encuentra la difusión masiva de mapas de los templos, escuelas y casas erigidas como refugio, la atención legal inmediata ante detenciones por parte de agentes migratorios y el programa de respuesta rápida para la atención de menores migrantes y la reunificación familiar.
Por lo que corresponde a la red de mexicanos en los Estados Unidos y sus asociaciones como The National Council of La Raza y The Mexican American Legal Defense and Education Fund, han emprendido acciones concatenadas por una reforma migratoria “acorde a la nueva realidad globalizadora de la mano de obra y la movilidad humana” y la no criminalización de los migrantes dentro y fuera de los Estados Unidos. Por ello su presidenta Janet Murguía y Henry Solano respectivamente, han declarado su inconformidad ante las políticas migratorias que Trump y nuestro país han emprendido en contra de los migrantes centroamericanos y la militarización de las zonas fronterizas. Su demanda es simple: “Consagrar el derecho a la educación de los migrantes, su acceso a la justicia, el reconocimiento de sus derechos laborales, pero sobre todo el derecho humano a migrar, al asilo y al refugio”.
Exhorto que va de la mano por el Parlamento Europeo emitido el pasado jueves 18 de julio, dirigido al Presidente de los Estados Unidos de América y al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Sus puntos son claros: Reconocer el derecho humano a migrar como lo estipula el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo relativo al Estatuto de los Refugiados de 1967 y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Por añadidura, en sus recomendaciones están: cumplir las obligaciones contraídas por los Estados Unidos a escala internacional en materia de derechos humanos y no basarse en políticas que se limitan a detectar, detener y deportar a los migrantes en situación irregular; garantizar los derechos humanos, la seguridad y el acceso a unos procedimientos de asilo conformes a los derechos humanos; que el Gobierno de los Estados Unidos que suspenda la separación de las familias y que, con carácter urgente, reagrupe con sus familias a todos los menores que siguen separados de sus padres o tutores.
En lo que compete a nuestro país la Unión Europea es precisa en los siguientes puntos: 15.- Preocupación por los cambios introducidos recientemente en las políticas migratorias adoptados por las autoridades mexicanas y pide al Gobierno mexicano que respete las normas internacionales y el Derecho en materia de derechos humanos al abordar la cuestión migratoria; 16.- Considera que el ejército no es el instrumento adecuado para abordar las cuestiones migratorias; señala que la situación en la frontera debe ser abordada por unas fuerzas policiales especializadas, que hayan recibido una formación adecuada e instrucciones en relación con el respeto de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes.
Como lo ha reiterado el diputado presidente del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo: México tiene más de 60 años luchando por el derecho a la migración. Nuestra Constitución categóricamente dice: “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio (...)". Si no acatamos ello es simplemente violatorio de la Constitución
