No obstante, la necesidad de legitimar las decisiones gubernamentales y los regímenes políticos sobre la base de la capacidad de participación política de la ciudadanía, ha puesto nuevamente sobre la mesa de discusión la conveniencia de buscar mecanismos que integren todas las formas de democracia directa. Un gran arcón de derechos políticos, que abarca la revocación de mandato, plebiscito y referéndum, consulta popular, comunitaria e indígena y la iniciativa ciudadana. En suma, un catálogo que integra todas las “formas de participación social puras”, la cuales están diseñadas para convivir, complementar y auxiliar a un sistema representativo en notable crisis en el mundo, ante una sociedad cada vez más vinculada con el quehacer público.
Cabría recordar que las formas de participación directa o puras se remontan a la idea misma de democracia, la cual nace en las ciudades-estado de la Grecia clásica y que alcanzó su forma más acabada en la ciudad de Atenas, en la época de Pericles. Las características de la democracia griega son las que más se acercan al ideal de la democracia directa, en la cual el conjunto de los ciudadanos participa continuamente en la toma de decisiones acerca de los asuntos de la comunidad.
Un sistema en el que el ciudadano se convierte en la figura total, cuya identidad no admite distinción entre los ámbitos público y privado. Es decir, “la vida política aparece como una extensión natural del ser mismo y se justifica en la búsqueda de sociedades cada vez más homogéneas”. Como lo explica Boaventura de Sousa, la participación de toda la sociedad no sólo legitima las decisiones del gobierno, sino extirpa la supremacía de los intereses oligárquicos contrarios al bien común de quienes conforman al Estado. Por su parte, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, explica que la implementación de la democracia directa y participativa en nuestros días responde no sólo al involucramiento de toda la sociedad en las decisiones públicas, sino a la estabilidad política y social de las naciones.
En este sentido, el hoy Ejecutivo Federal ha expresado que “la democracia no se agota en las elecciones representativas; la democracia también implica la participación de los ciudadanos en todas las decisiones importantes”. Por tanto, un imperativo para la consolidación de la 4T que hoy se pretende en el país. Es por ello que México requiere una reforma constitucional al régimen democrático en el artículo 41, la cual reconozca todas las democracias directas y participativas, así como la subsecuente a la Ley electoral que permite formas más asequibles para acceder a tal derecho.
Como se hizo en la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 30 referente a la Democracia Directa y participativa: “sus habitantes tienen el derecho y el deber de participar en la solución de problemas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad”, a través de todas las formas de democracia pura y vinculatorias, incluyendo la revocación del mandato. Por añadidura, en su artículo 31 que a la letra dice: “Las autoridades de la ciudad y las Alcaldías establecerán mecanismos de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa y democrática en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley.”
Llevar esta reforma a buen puerto es responsabilidad de todos quienes conforman al Congreso de la Unión. Arribar a un genuino estado democrático es menester de todos los mexicanos. “Democratizar la democracia”.