Jueves, 12 de Diciembre del 2019
Martes, 25 Junio 2019 02:13

Derecho migrar o pacto secreto

Derecho migrar o pacto secreto Escrito Por :   Cesar Zuñiga Salas

Los sucesos que hoy ocurren tanto en la fronteras sur y norte de nuestro país corren por dos vías concatenadas: un acuerdo migratorio coaccionado por uno en materia fiscal y económica. Cuestión que ha generado inmensas confusiones respecto de la naturaleza de esos fenómenos y sus implicaciones jurídicas. En primer lugar, la tendencia a confundir a los refugiados y los migrantes, o referirse a los primeros como una subcategoría de los segundos, puede tener graves consecuencias para la vida y la seguridad de las personas que huyen de cuestiones derivadas de conflictos armados, políticos, económicos e incluso medio ambientales. Denominar sólo como migrantes a quienes buscan el cobijo de nuestro país y enseguida el ingreso a los Estados Unidos por razones humanitarias es un error. Estas personas son en rigor refugiadas y por tanto protegidos por el derecho internacional como lo estipula la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados.


 

En segundo, la intimidación económica por parte de Trump para imponernos un nuevo régimen arancelario e incluso cancelar el llamado TMEC -otrora TLC- (ratificado el pasado miércoles por el Senado de la República y en espera de aprobarse por los Estados Unidos). Hecho que representa una clara amenaza a nuestra autodeterminación para cerrar nuestra frontera colindante con los países centroamericanos e instalarnos en un estatuto colonial. Los documentos fundamentales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) son contundentes: Ningún Estado tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos y económicos que lo constituyen (artículo 19). Por añadidura, “ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza” (artículo 20).    

 

En ambas, las soluciones dependen de la energía e imaginación con que actúen el gobierno y la sociedad mexicana. En las relaciones exteriores, como en las internas, se miden y ponderan las acciones de la contraparte. Son numerosas las medidas que podríamos tomar, de modo concatenado y en estrecha alianza con los mexicanos del exterior, para poner un coto a la humillación. Desde luego, un tono diplomático más enfático y convincente hacia los Estados Unidos y la comunidad de naciones, mediante el agotamiento de procedimientos bilaterales y la búsqueda de opciones multilaterales. Por ejemplo: Los comités de Naciones Unidas con jurisdicción en la materia, la Asamblea General de la Organización y la propia Corte Internacional de la Haya por incumplimiento de tratados, comenzando por el de Guadalupe-Hidalgo.

 

La criminalización de los migrantes va a contrapelo de los avances mundiales en este campo. Desata un “nativismo histérico” contrario a la globalización y promueve el delito de xenofobia por la persecución fundada en identificación étnica. Debiéramos sumarnos a la defensa irrestricta del derecho humano a migrar, establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y no caer en el juego perverso de los intereses electorales del Ejecutivo norteamericano.

 

Ceñirnos a un “pacto secreto” sería una traición a nuestra tradición constitucionalista la cual reconoce, desde la Constitución de Apatzingán, la protección a los transeúntes por parte de la sociedad, tanto en sus personas como en sus propiedades. Así artículo 11 de la Carta de 1857 y lo reitera en la reformada de 1917, al establecer que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.” También un desprecio a la noble conducta de nuestra diplomacia la cual promovió desde 1981 la Convención Internacional sobre Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, instrumento aprobado en 1990 por Naciones Unidas, así como el Pacto Mundial para una Migración Segura Ordenada y Regular, signado en Marrakech.  

 

Es urgente escapar de la trampa que pretende desplazar el muro de la frontera norte hasta Chiapas y utilizar a la Guardia Nacional como Border Patrol. Recordarles a los migrantes que cruzan por nuestro territorio que tiene la posibilidad de recurrir a la demanda de amparo con el fin de alegar que con el despliegue y aplicación de las medidas que tienen por objeto la atención, deportación, criminalización, se ven transgredidos los siguientes derechos fundamentales: la violación a la protección internacional, el reconocimiento al debido proceso, el reconocimiento de refugiado, la libertad de tránsito, el principio de legalidad y de seguridad jurídica de las personas, los principios de presunción de inocencia y no criminalización, la no discriminación y violación a la ley de migración y ley sobre refugiados. 

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