En segundo, la intimidación económica por parte de Trump para imponernos un nuevo régimen arancelario e incluso cancelar el llamado TMEC -otrora TLC- (ratificado el pasado miércoles por el Senado de la República y en espera de aprobarse por los Estados Unidos). Hecho que representa una clara amenaza a nuestra autodeterminación para cerrar nuestra frontera colindante con los países centroamericanos e instalarnos en un estatuto colonial. Los documentos fundamentales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) son contundentes: Ningún Estado tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos y económicos que lo constituyen (artículo 19). Por añadidura, “ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza” (artículo 20).    

En ambas, las soluciones dependen de la energía e imaginación con que actúen el gobierno y la sociedad mexicana. En las relaciones exteriores, como en las internas, se miden y ponderan las acciones de la contraparte. Son numerosas las medidas que podríamos tomar, de modo concatenado y en estrecha alianza con los mexicanos del exterior, para poner un coto a la humillación. Desde luego, un tono diplomático más enfático y convincente hacia los Estados Unidos y la comunidad de naciones, mediante el agotamiento de procedimientos bilaterales y la búsqueda de opciones multilaterales. Por ejemplo: Los comités de Naciones Unidas con jurisdicción en la materia, la Asamblea General de la Organización y la propia Corte Internacional de la Haya por incumplimiento de tratados, comenzando por el de Guadalupe-Hidalgo.

La criminalización de los migrantes va a contrapelo de los avances mundiales en este campo. Desata un “nativismo histérico” contrario a la globalización y promueve el delito de xenofobia por la persecución fundada en identificación étnica. Debiéramos sumarnos a la defensa irrestricta del derecho humano a migrar, establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y no caer en el juego perverso de los intereses electorales del Ejecutivo norteamericano.

Ceñirnos a un “pacto secreto” sería una traición a nuestra tradición constitucionalista la cual reconoce, desde la Constitución de Apatzingán, la protección a los transeúntes por parte de la sociedad, tanto en sus personas como en sus propiedades. Así artículo 11 de la Carta de 1857 y lo reitera en la reformada de 1917, al establecer que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.” También un desprecio a la noble conducta de nuestra diplomacia la cual promovió desde 1981 la Convención Internacional sobre Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, instrumento aprobado en 1990 por Naciones Unidas, así como el Pacto Mundial para una Migración Segura Ordenada y Regular, signado en Marrakech.  

Es urgente escapar de la trampa que pretende desplazar el muro de la frontera norte hasta Chiapas y utilizar a la Guardia Nacional como Border Patrol. Recordarles a los migrantes que cruzan por nuestro territorio que tiene la posibilidad de recurrir a la demanda de amparo con el fin de alegar que con el despliegue y aplicación de las medidas que tienen por objeto la atención, deportación, criminalización, se ven transgredidos los siguientes derechos fundamentales: la violación a la protección internacional, el reconocimiento al debido proceso, el reconocimiento de refugiado, la libertad de tránsito, el principio de legalidad y de seguridad jurídica de las personas, los principios de presunción de inocencia y no criminalización, la no discriminación y violación a la ley de migración y ley sobre refugiados.