Un reciente muestreo publicado por diversos medios afirma que “la impunidad es la causa principal de la corrupción en nuestro país”. El 66 por ciento de los encuestados señala que los delitos relacionados con este acto se castigan esporádicamente o casi nunca. El 72 por ciento considera que no tiene sentido alguno denunciar un acto de corrupción, cuestión que se percibió al alza principalmente en las últimas dos administraciones. En ese orden de ideas, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y en el número uno en el continente americano en lo que a impunidad se refiere, tal como lo registran el Índice Global de Impunidad y el World Justice Project. Sólo se denuncian 4 de cada 100 delitos, de los cuales sólo el 12 por ciento llega a judicializarse. En suma: el índice de impunidad en el país es del 99.3 por ciento.

Por lo anterior, diversos especialistas y académicos sostienen que la impunidad es el alimento que nutre a la corrupción. Es decir: ante el deficiente ejercicio de los poderes públicos, se incentiva al delito, tal como lo ha planteado Luigi Ferrajoli. En abono, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman sostiene que la corrupción en nuestro país, “de la mano de la impunidad, ha llevado a una pérdida de credibilidad en casi todas las instituciones responsables de la impartición de justicia”. Y añade que “su rezago económico y social está indisolublemente vinculado con la violencia, la corrupción, la impunidad y la desigualdad; hechos que generan los bajos niveles de credibilidad y confianza en las instituciones del Estado y de su clase política”. 

En este sentido, desde el Poder Legislativo se han emprendido acciones tendientes a combatir frontalmente las prácticas que pervierten el quehacer público. Se amplió el catálogo de delitos, contemplados en el artículo 19 constitucional, incorporando aquellos relacionados con la corrupción. Por añadidura, se propone eliminar la figura del fuero a los representantes de elección popular, incluyendo al presidente de la República.

En una acción inusitada en la historia de nuestro país, el pasado 24 de abril la Cámara de Diputados votó a favor la declaración de procedencia, para que Cipriano Charrez enfrente las instancias judiciales de los delitos que se le imputan. Cabe mencionar que el desaforado pertenecía al partido mayoritario. Cuestión que demuestra -que en este nuevo rumbo de país- “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Hoy toma sentido lo que desde hace años se pregona desde la izquierda: “las escaleras se barren de arriba para abajo”. Esto opera cuando hay una decisión de honestidad en las más altas esferas del gobierno.  

Por ello resulta impostergable fortalecer a las instituciones desde el Poder Legislativo y ofrecer a la sociedad un marco normativo eficaz que clausure el ciclo perverso de la impunidad en el país y destierre a la corrupción que ha lacerado el tejido social.