El presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado, Adolfo López Badillo, señaló que de los 50 municipios en los cuales se activó la Alerta de Género, los más peligrosos para las mujeres son la capital poblana y Tehuacán.

En entrevista, tras la inauguración del Segundo Foro ‘Trata de Personas: Un acercamiento a su prevención y análisis situacional’, que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Universitario (CCU), el presidente de la CDH detalló que hace 15 días el órgano estatal entregó un informe a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en el que se expresa la necesidad de activar la Alerta de Género en el estado.

“A partir de enero 2016 nos dimos a la tarea de dar seguimiento puntual a cada uno de los casos de presunto feminicidio y de muerte violenta de mujeres, por esto a finales de mes nos dimos a la tarea de presentar un informe especial que tiene toda una investigación de más de tres años, en el que se concluyó que era necesario la Alerta de Género”, dijo.

No obstante, le sorprendió que se declarara la Alerta de Género en 50 municipios del estado, pues de acuerdo con un informe elaborado por la comisión, sólo dos de éstos, Puebla y Tehuacán, presentaban los índices más altos de feminicidios y delitos cometidos en contra de las mujeres; aunque alabó la determinación.

Al ser cuestionado si la declaratoria de alerta se realizó de forma tardía luego de que el estado desde 2016 ha sumado 379 víctimas femeninas, López Badillo manifestó que no se le puede otorgar alguna temporalidad, pues no se contaba con los elementos jurídicos para emitir la Alerta de Género.

“Con alerta y sin alerta, las instituciones deben combatir el feminicidio; no es necesario que exista una alerta para combatirlo, pero ahora que ya lo tenemos que reforzar el compromiso de todas las instituciones y de la sociedad para eliminar este flagelo”, aseguró Adolfo López Badillo.

Asimismo, reveló que desde hace dos semanas se ha trabajado en una mesa intersecretarial con la Fiscalía General del Estado (FGE) donde analizan casos específicos para determinar si un asesinato contra una mujer se trató de un feminicidio o sólo es catalogado como un homicidio doloso.