En medio de la polémica por el desabasto de gasolina en México, derivado de la estrategia lanzada por el gobierno para combatir el robo de combustibles o huachicoleo, dos secretarías publicaron en sus cuentas de Twitter imágenes con colores y logos oficiales pidiendo apoyo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que la Constitución prohíbe incluir nombres de funcionarios públicos en la propaganda oficial.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (@SRE_mx) tuiteó la noche del jueves “Por el bien de México, #NoAlHuachicoleo”, acompañado con una tarjeta con el logotipo oficial del gobierno de México, con cinco héroes patrios sobre un fondo guinda, y que a un lado tenía más grande la imagen de Lázaro Cárdenas, que realizó la expropiación petrolera en 1938, y la frase “Apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Este viernes por la mañana, la Secretaría de Economía (@SE_mx) escribió el mensaje “Apoyemos al Presidente @lopezobrador_ #NoAlHuachicoleo #NoMasCorrupcion #HagamosloJuntos”, con tres imágenes: la misma que SRE, y otra con un pequeño texto sobre las medidas drásticas para acabar con el delito, que tiene como encabezado la misma frase de apoyo al presidente y el logo del Gobierno de México.

El artículo 134 constitucional dice que la propaganda que difundan los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública, debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, agrega el artículo.

Paulina Castaño, especialista en libertad de expresión y publicidad oficial de la organización Fundar, consideró en entrevista que en principio sí hay una violación al 134 constitucional, aunque la ley no es suficientemente clara sobre lo que se puede o no publicar y no hay regulación específica para contenidos en internet y redes sociales.

Horas después de la publicación de los tuits, cuando en redes habían surgido críticas a que estos mensajes iban contra la Constitución, las secretarías los borraron. Para Castaño, esto es una especie de mea culpa de que no fue correcto.

Una de las imágenes fue compartida también por dos funcionarios de alto rango: Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y Jesús Robles Maloof, titular de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Aunque al ser cuentas personales, no aplicaría la misma prohibición que para las de dependencias, explicó Castaño. Robles Maloof respondió a las críticas en redes compartiendo el enlace para enviar denuncias contra servidores públicos.