El día 21 de diciembre de 2013 se reformó la Constitución en los artículos 27 y 28, modificación que fue aprobada en algunos congresos de los estados en el lapso de 15 minutos. Más se tardaron los legisladores en acomodarse en sus curules que en autorizar aquella reforma constitucional, la cual, posteriormente, provocó una cascada de leyes en materia de hidrocarburos, que, entre otras cosas, ocasionó que las pequeñas estaciones de gasolina —propiedad de empresarios mexicanos— paulatinamente fueran arrendadas o vendidas; y, ahora, han pasado a formar parte de las grandes cadenas que comercializan combustible.
Esta misma reforma provocó, en los inicios de 2017, los saqueos que fueron agudizados el 5 de enero de 2017, donde prácticamente muchas de las operaciones comerciales se pararon; saqueos que, para algunos, fueron provocados por dicho incremento del combustible y, para otros, fueron atracos artificiales; todo lo cual, finalmente, fue causado por ese cambio jurídico y por adelantar la liberación del precio del combustible. A partir de esas fechas, en los medios de comunicación, circuló más el tráfico y robo de gasolina en diversas entidades de la nación, entre ellas Puebla; lo cual, como consecuencia, ocasionó el combate al robo de gasolina, el aumento de presencia policial en muchas de las zonas afectadas, el incremento de la violencia, la reforma al Código Fiscal de la Federación el 1 de junio de 2018 para permitir que las autoridades estuvieran en condiciones de fiscalizar con mayo agilidad a las estaciones de gasolina y a todo el proceso de comercialización de combustible. Pues bien, con el cambio de gobierno, se ha agudizado ese combate al robo de gasolina; sin embargo, ahora es necesario empezar a buscar a los verdaderos culpables de todo este fenómeno que se ha incrementado en los últimos tiempos, respecto a los cuales, se ha sostenido que son las propias administraciones federales pasadas, algunos de los empleados de Pemex, los del propio sindicato, o que lo es la propia población aledaña a los ductos; pero pocos han sostenido que el principal culpable es aquella reforma constitucional y la ausencia total, en su aprobación, de una participación democrática. Y ocurre que el Senado de la República la aprobó el 11 de diciembre de 2013 —y la Cámara de Diputados un día después—, con lo que es claro que no hubo procedimiento legislativo alguno. Aprobación que trae todas las consecuencias que se han observado: las víctimas que ha causado, los delincuentes que han surgido. Todo ello, reiterando, bien puede decirse que es una clara consecuencia de esa ausencia de democracia en su aprobación.
En la misma constitución, en el artículo 109, en su último párrafo, se establece la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios ocasionados por los errores administrativos en sus funciones, es decir, por las acciones de las autoridades, particularmente de la administración pública federal, estatal y municipal, que por sus acciones causen daños a los particulares. Por lo tanto, estos pueden reclamarlos ante las propias dependencias, es decir, en este caso, se le ha dado término a la famosa frase de “usted disculpe”, pues hay responsabilidad en todas las funciones administrativas del Estado. Sin embargo, así como existe la responsabilidad patrimonial del Estado por el error administrativo, bien valdría la pena considerar la responsabilidad legislativa por los daños y perjuicios que ocasionan cambios constitucionales y legislativos a la población, los cuales son aprobados en 15 minutos y cuyos legisladores son tan efímeros que es fácil olvidar quiénes intervinieron en esos procedimientos y, sobre todo, quiénes aprobaron tales leyes o reformas constitucionales sin tomar conciencia de las consecuencias de las mismas. Por todo ello, estas amargas experiencias de las víctimas de los últimos días bien deberían de servir de experiencia respecto a la modificación de leyes y de la propia constitución, pues, de lo contrario, de nada servirán esas amargas experiencias y tragedias.
