El pasado 19 de junio de 2019, el Senado de la República ratificó el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos de América y Canadá. 114 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones: tratado al que se denomina como T-MEC. En tanto pasaba esta noticia en los medios de comunicación como un simple trámite administrativo o parte del protocolo mexicano para que entre en vigor dicho tratado de libre comercio, también se narraba sobre los problemas de migración, la inseguridad de la frontera norte, el descontrol en la frontera sur, la guardia nacional deteniendo la migración, la ayuda mexicana al gobierno salvadoreño. Todo lo cual pareciera una nube de noticias para tapar lo que en realidad ha sucedido en el Senado de la República, es decir, el golpe al último clavo en el ataúd de la economía nacional.
Antes de la firma del denominado TLCAN en la década de los noventa, por todo el territorio nacional había una oposición manifiesta a la firma de aquel tratado que finalmente se llevó a cabo el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Oposición de grupos de izquierda, de universitarios, del propio empresariado, de profesores e intelectuales que, en esos tiempos, conocían la realidad de ese tratado. Algo que magistralmente resume el profesor norteamericano N. Chomsky: “Es una estrategia muy provechosa para las multinacionales, sobre todo para sus directores, ejecutivos y accionistas, pero, por supuesto, es muy nocivo para la población […]. No les interesa que la industria a gran escala vuelva a los Estados Unidos porque pueden obtener mayores beneficios explotando en otros países a una mano de obra baratísima sin restricciones medioambientales” (Réquiem por el sueño americano: los diez principios de la concentración de la riqueza y el poder, Ciudad de México: Editorial Sexto Piso, 2017).
A 25 años de la entrada en vigencia de aquel tratado de libre comercio, el Senado mexicano aprueba un nuevo acuerdo ‘comercial’, pero ahora sin oposición alguna. No hubo pintas, manifestaciones o declaraciones y cartas abiertas en su contra, como sí sucedió previamente a la firma del TLCN en 1992. Hoy no existe oposición a esas medidas económicas globales, no hubo quien se manifestara en los medios, en foros o en manifestaciones al respecto; lo cual es producto de nuestra realidad actual. Por ello, verdaderamente, la aprobación por parte del Senado fue el último clavo al ataúd de la identidad mexicana.
El resultado del tratado de libre comercio se observa en los campos y las calles de nuestras ciudades mexicanas. Siguiendo al profesor N. Chomsky, se puede ver que: “los denominados acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA), la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio o la propuesta del Tratado Transpacífico no guardan mucha relación con el comercio, pese a sus denominaciones; son, en gran medida, acuerdos sobre derechos de inversión. Dan a las multinacionales y a los inversores un control sustancial sobre los recursos, la política y las acciones de otros países” (Malestar global. Conversaciones con David Barsamian sobre las crecientes amenazas a la democracia, Madrid y Monterrey: Sexto Piso, Unidad Autónoma de Nuevo León 2018).
Y esto es lo que ha sucedido con el TLCAN del que ahora habrá que soportar una segunda versión, porque en México se tiene la virtud de la tolerancia. Habrá que tolerar otra vez la sustitución de los mercados por supermercados que cotizan en la bolsa, la conversión de las misceláneas en tiendas de conveniencia propiedad de empresas europeas. Todo lo cual ha hecho y hace desaparecer las fábricas, talleres, sastrerías, papelerías, tlapalerías mexicanas y de familias mexicanas por corporaciones a las cuales no se les conoce rostro alguno de sus propietarios. Por su parte, los pocos mexicanos empresarios que han tenido la capacidad y sagacidad de subsistir se han convertido en maquiladores de las grandes empresas transnacionales, porque aquellas devoraron el mercado nacional y, entonces, no se puede competir con ellas en un mercado “de libre comercio” actual, quedando arrinconados a proveer a esas grandes empresas de los productos que requieren para la venta monopólica que realizan bajo sus propias políticas con contratos de adhesión que en nada se parecen a los contratos regulados en el derecho mexicano; es decir, contratos leoninos en donde las empresas fijan los precios del producto, el financiamiento que se debe imponer, determinan quiénes son los proveedores de sus propios proveedores, etc. Esa es la descripción de la economía nacional actual.
Y, del campo mexicano, el último clavo de su ataúd tiene 25 años desde que sucedió. La migración es el resultado de las políticas del saqueo al campo, de la apropiación de tierras por la gran industria de los alimentos y del cemento; a todo lo cual le siguió la explotación de los campos mexicanos por la industria del petróleo y de la minería. Por eso, la migración se convirtió en desplazamiento forzado de personas para que abandonaran involuntariamente sus tierras y poblaciones. Pues bien, el Senado ya aprobó, felizmente, el nuevo tratado de libre comercio. Ahora bien, lo preocupante no fue su inminente aprobación, sino la ausencia de su oposición: el último clavo que le hacía falta al ataúd de la economía, pero, principalmente, a la identidad nacional, que se martilló el 19 de junio de 2019.
