En los últimos días, el Servicio de Administración Tributaria publicó que un ex presidente de México contaba con adeudos fiscales. Como consecuencia mediática se difundió la noticia de que el primer presidente de oposición de los últimos setenta años en México es dicho deudor. Independientemente del adeudo —que en realidad es lo de menos, porque el hecho de no contar con ese dinero no es justificación para que el Estado no pague la nomina de los profesores, policías o soldados—, lo excesivamente delicado y preocupante es que se divulgue esa información, pues los listados de los contribuyentes deudores del fisco, que se han implementado desde la legislación de 2014 y que están publicitándose en la página electrónica de la autoridad fiscal, son totalmente lastimosos; en realidad no benefician en nada y a nadie y, por el contrario, lo que causan es mayor rispidez entre el Estado y sus ciudadanos, pierde legitimidad el propio Estado, contraviene la dignidad humana y el derecho al honor.
Esas publicaciones, además, contravienen el secreto fiscal. Sin embargo, es una regulación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó constitucional bajo el argumento y justificación de que el derecho que se protege con esas publicaciones es el acceso a la información. No obstante, éste es un derecho que (como todos) tiene sus límites, y uno de ellos debería ser la no publicación de los listados de los deudores del fisco, pues el secreto fiscal protege, a su vez, el principio de eticidad de la autoridad, es decir, el que indica que la autoridad debe conducirse y comportarse ante sus ciudadanos sin hacer trampa, sin rebajarse al nivel de un infractor o, incluso, al de un delincuente. En pocas palabras, debe comportarse conforme al prestigio que la investidura de autoridad otorga. Por ello, las acciones de la autoridad deben mantener el respeto y el honor de los ciudadanos, lo cual no se cumple con esas publicaciones.
Ahora bien, en este caso en particular en el que se ha puesto en todas las columnas de los diarios el adeudo del ex presidente, claramente trastoca el comportamiento ético que deben llevar a cabo las instituciones gubernamentales, ya que no deberían ponerse ante la luz pública las condiciones particulares ante el fisco federal del ex presidente, a quien se le achaca esa situación. Esto debido a que, finalmente, lejos de resaltar lo que fue o no el papel y el comportamiento que tuvo como presidente, lo que provocó fue desesperanza y miedo generalizado en propios y extraños al grado de que el presidente que lo sucedió tuvo que declarar la guerra a los grupos delincuenciales y a los narcotraficantes.
Además, la responsabilidad que se le pueda fincar a ese sujeto y por la cual pudiera tener sanciones (por ejemplo, por haber inventado los puentes largos y con ello haber matado la historia de México, o bien, por, injustificadamente, la pérdida de las ganancias por el alza del valor del barril del petróleo que causó grandes ingresos al país), no es justificante para que se publique su situación fiscal, pues lo que sucede es que el Estado debe mantener la jerarquía. Por ello, el hecho de que las autoridades hagan uso de esa información parece más desvío de información por inoperancia e incapacidad de hacer frente a los problemas que observamos, por ejemplo, con la recesión a la que se está cayendo paulatinamente.
En realidad, la forma de invitar a los ciudadanos para que cumplan con el pago de las contribuciones es provocar conciencia de que es necesario hacerlo, pero, para crearla, no es menester usar un sujeto (por muy malo que haya sido como presidente, por ejemplo) como chivo expiatorio, pues usar a una persona contraviene la dignidad humana; además, es caer en la misma política del neo-liberalismo con la que a partir de esos sexenios se inauguró en México el terrorismo fiscal. Esta publicación es eso, precisamente, porque cualquier ciudadano ‘de a pie’ piensa que si puede pasarle a un ex presidente lo que los medios muestran, qué será de un pobre mortal. No se puede caer en el terrorismo fiscal. El pago de contribuciones bien se puede justificar de otra forma, pero no buscando enemigos o venganzas particulares.
El país tiene muchos pendientes y muchas cosas regadas y en absoluto desorden heredados no de la administración pública anterior, sino de muchos años atrás. Es claro que para darle rumbo al país y a aquello por lo que votaron treinta millones de personas, se requieren cambios, pero por medio de la democracia participativa y fomentando la seguridad jurídica, y nunca con ese tipo de noticias meramente triviales.
