Ante la desaceleración de la economía mundial que repercute en muchas de las naciones y que ha provocado la pasividad del mercado y, sobre todo, de los consumidores, la disminución en México de la recaudación del impuesto al consumo en un 11 %, pero sobre todo ante la ausencia de alternativas gubernamentales y la ausencia en considerar ya y de una vez por todas la transformación de las políticas públicas y la legislación fiscal heredadas de las administraciones públicas federales anteriores (la cuales esta administración se empeña en mantener, sin embargo, con sanciones y consecuencias más drásticas); ante todo esto queda evidente lo que sostenía Carlos Marx, aquel abogado decimonónico del pensamiento de izquierda, respecto a que los sistemas requieren enemigos y que, de no existir estos, el propio sistema debe inventarlos. Pues bien, hoy el enemigo del sistema es, nueva y penosamente, las contadoras y los contadores públicos.
Desde la reforma de 2013, esa gran reforma fiscal de la administración pública federal que inició su vigencia en 2014 y que, por cierto, se mantiene en esta Cuarta Transformación intacta e incluso ―se podría decir― reforzada dentro del ambiente de aquel sistema, no hizo más que desprestigiar la noble, necesaria e indispensable profesión de la contaduría pública. Las muestras son muchas: la abolición del dictamen fiscal, que tantos empleos fomentaba y por lo que tantos y tantos despachos de contadores disminuyeron en su personal o tuvieron que cerrar, pero de lo que pocos dijeron algo, sobre todo los colegios de aquellos profesionistas.
En esos tiempos, desde las oficinas y los pasillos de las autoridades hacendarias también se promovió que a los contribuyentes no les era indispensable contratar un contador público; que con el sistema electrónico implementado por las autoridades fiscales ya no se requería un contador público y que ante cualquier duda estarían las oficinas de atención a los contribuyentes o, bien, la recientemente implementada Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes, cuyo propósito inicial era monopolizar los servicios de asistencia a los contribuyentes para que no acudieran a las oficinas particulares de los contadores públicos. En resumen, todo esto parecía un temor de esa administración pública sobre la profesión de la contaduría pública.
Y ese mismo temor es el que hoy se observa en estas nuevas políticas públicas de la actual administración pública federal (por lo menos las de las últimas semanas), pues los líderes ideológicos del sistema acusan a sus contadores públicos por las millonarias condonaciones que se dieron. Desde los medios de comunicación se arremetió con desprestigios contra los servicios contables; desde la iniciativa de reformas fiscales para 2020, se obligó a un sector de esta profesión a inscribirse en un registro; y en esta primera semana de octubre de 2019, la autoridad hacendaria, a sabiendas que ya se finalizó el programa de regularización de la ley antilavado que permite la condonación de las sanciones, emitió y notificó una multitud de requerimientos para todos aquellos que ejercen la profesión de las más capacitadas y mejor organizadas, es decir, la contaduría pública. Una acción incomprensible cuando es del conocimiento de la propia autoridad que hoy no caben las regularizaciones a dos meses de haber finalizado ese programa de regularización; y realizándolas solamente haciendo una interpretación extensiva de la ley antilavado para obligar a esos profesionistas a que se inscriban en lo que de su propia naturaleza no les corresponde. Prueba de ello fueron los debates en las cámaras cuando se estaba legislando sobre esa ley en los años de 2011 y 2012.
Lo cierto es que hoy el enemigo del sistema sigue siendo el mismo de la administración pública anterior: la contaduría pública, la profesión de la que los contribuyentes (sean los más pequeños o las grandes corporaciones) más se auxilian. Esta profesión cada día es más importante en la actividad económica de los gobernados en su carácter de contribuyentes. Por lo que así como en el día a día y por regla general el contador público no abandona a su cliente realizando, incluso, trámites, asesorías y otras actividades que en sentido estricto no le corresponden pero que las hace por el afán más solidario a sus clientes; aquellos quienes, más que de realizar su función, llevan a cabo esas actividades para no dejar solo a su cliente; así como ocurre con ellos, pareciera que hoy le corresponde a tantos y tantos de los beneficiados de esos profesionistas no dejarlos a su suerte.
