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En Bogotá, a la vuelta de la Universidad Nacional:
Dios vive.
Y debajo, con otra letra:
De puro milagro.
Y también en Bogotá:
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Y debajo, con otra letra:
(Último aviso.)
Eduardo Galeano
Se ha sostenido desde la década de los 50 del siglo XX que los países de América latina, los que corresponden al Caribe, Centroamérica y Sudamérica ―sin embargo, México no es la excepción― son ‘repúblicas bananeras’, es decir, países que viven de sus recursos naturales: de la explotación de los productos que dan sus campos, sus minas, sus mares y llanuras (desde luego, sin manufactura alguna); de la simple extracción del producto o, bien, simplemente de los frutos de los campos. Pero, principalmente, son ‘repúblicas bananeras’ porque sus gobiernos enfrentan permanentemente golpes de Estado y el principio de legalidad y la división de poderes son meramente formal y no material; son donde los tres poderes del gobierno se confunden en el presidente o gobernador en turno, cuando un Estado de Derecho, o como se denominan actualmente en la academia, a saber, “Estados constitucionales democráticos de derecho”, son aquellos donde deben prevalecer principalmente los principios de legalidad y de división de poderes (Ferrajoli, Luigi. Los derechos y sus garantías. Madrid: Editorial Trotta, 2016).
Sin embargo, de nuevo se esta hablando de América latina, exactamente, por lo mismo: por su contravención a esos principios rectores del Estado de Derecho. Esto sucede con Argentina y su gobierno de derecha, lo mismo que con Brasil; incluso en las supuestas naciones gobernadas por la izquierda ―que, desde luego, dejan mucho qué desear―, como son: Nicaragua y Venezuela. Por lo visto, no hay ninguna excepción y, desafortunadamente, México tampoco los es.
Resulta que así como es plausible la posición del Estado mexicano respecto a la situación que está viviendo Venezuela en estos días de 2019, pese a ello resulta lamentable las expresiones y manifestaciones hacia el empresariado mexicano, en particular, el que resulta evidentemente mexicano, es decir, los ciudadanos mexicanos con familias mexicanas y residentes en México; los cuales ponen su dinero en el mercado nacional; lamentable, puesto que, para obtener un recurso lícito, no son más que vituperados por la actual administración pública. Esta administración actual ve con malos ojos que ellos hagan valer sus medios de defensa fiscales ante los tribunales en su carácter de contribuyentes (en donde solamente están haciendo valer sus derechos). No obstante, resulta que los contribuyentes sí cuentan con derechos fundamentales, muy a pesar de los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha y de los autores y tratadistas y teóricos oficiales, es decir, los pagados por el sistema en las universidades públicas e instituciones oficiales, aunque, desde luego, son seres humanos iguales que los trabajadores, empleados, obreros y campesinos, o los actuales ‘ninis’.
Pues bien, en una de las conferencias de prensa presidencial de la madrugada se aplaudió una decisión de la Corte mexicana que confirma la negación de la devolución de impuestos a unos accionistas mexicanos que, en parte ―y esto lo conoce cualquiera―, ponen un negocio pequeño o grande, pero luego tienen la necesidad de venderlo por el sistema globalizado mundial actual que impide la competencia leal del empresariado mexicano ante las grandes transnacionales. Ahora bien, esa expresión gubernamental en estos tiempos fue lo de menos; lo más grave es que se haya comparado al empresariado mexicano que hace valer sus derechos en los tribunales con aquellos sujetos que roban gasolina; esto es verdaderamente indignante y no debe suceder más en un Estado de Derecho; sobre todo, considerando que la gran mayoría apostó y votó por quien hoy gobierna nuestra nación. Una victoria que se debió, en gran parte, a que también recibió votos del empresariado mexicano, es decir, de aquellos medianos, pequeños y microempresas que viven pensando en juntar los recursos necesarios para la siguiente quincena, que cruzan los dedos para que los proveedores no aumenten los precios o, bien, para que no se les ocurra a las tiendas de conveniencia y a los grandes almacenes devorar el sector del mercado en donde se desarrollan estos empresarios.
Todos los empresarios mexicanos que votaron en las pasadas elecciones federales contra esas políticas que, por lo visto, se están implementando; pues, por ejemplo, es de todos conocidos que una licitación pública no se gana con los requisitos que marca la misma. Por ello, no pueden ser desacreditados, difamados, comparándolos con aquellos que se dedican a vender gasolina robada, porque, de ser así, se está segregando, menospreciando, repudiando a un sector tan importante en México, que requiere que las políticas públicas los ayuden a sobrevivir y no a descalificarlos; de ser así, efectivamente regresamos a las lastimosamente denominadas: ‘repúblicas bananeras’.
