Jueves, 20 de Febrero del 2020
Martes, 10 Diciembre 2019 02:55

Cuando el derecho de los tatuados suprimió los derechos de los contribuyentes

Cuando el derecho de los tatuados suprimió los derechos de los contribuyentes Escrito Por :   Silvino Vergara

“Derechos humanos pueden ser privilegio para unos pocos y no ser garantizados ni realizados para muchos”. David Sánchez Rubio


 

¿Alguien habrá calculado cuánto le cuesta al Estado una sesión de la Corte mexicana? Desde luego que debe existir el cálculo en donde se considere el monto de los salarios y demás remuneraciones de los ministros, el uso del recinto en donde sesionan, el costo de la energía eléctrica, los salarios de asistentes, de secretarios y demás personal, los equipos electrónicos, el transporte, los viáticos, la vigilancia, los equipos de grabación, la papelería, la filmación, seguridad, etcétera. Todo ello para resolver, particularmente, temas jurídicos de mayor importancia y trascendencia para la nación que, en muchas de las ocasiones, pueden causar consecuencias graves en la sociedad. Ahora bien, resulta que para determinar qué casos llegan hasta ese peldaño, sólo se sustenta en decisiones meramente discrecionales. Entonces, al ser discrecionales, políticamente se determina qué casos se resuelven en la Corte y, sobre todo, en qué momento y cuáles otros quedan desechados o, bien, en segundo término.

 

Esa discrecionalidad en la Corte es parte de la problemática que, en y desde la Academia (particularmente, en la teoría del derecho), se ha puesto en la mesa hace mucho tiempo. Es evidente que actualmente hay una gran crisis en la teoría de la decisión judicial y que el problema es particularmente cómo limitar la discrecionalidad de los jueces, pues, en el caso que corresponde a las decisiones de la Corte, la discrecionalidad es la que determina qué casos son de importancia para resolverlos en la Corte y cuáles no.

 

Así, es claro que la constitucionalidad de muchas instituciones jurídicas se encuentran en incertidumbre y que ello ha repercutido en la recesión económica en la que se encuentra actualmente el país, a causa de que no se han resuelto controversias como son, particularmente: sobre las obligaciones de la denominada ley anti-lavado, la constitucionalidad de las multas excesivas de esa misma materia, la competencia que se le ha impuesto al SAT para conocer de un tema que no versa particularmente sobre contribuciones, y, en el caso de esa materia, una infinidad de casos que han dejado a los contribuyentes en incertidumbre jurídica. Lo cual, desde luego, provoca el mercado negro, el uso de medidas alterativas para no tributar.

 

Atendiendo a la urgencia de la resolución de esos casos, resulta que se ha dado prioridad a temas como el que así cita: “tatuajes. Su uso está protegido, por regla general, por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión. […] el uso de tatuajes está protegido, por regla general, por los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, por lo que no debe ser motivo para discriminar a sus portadores” (SCJN, Semanario Judicial de la Federación, tesis: 1a. CXX/2019 (10a.), núm. de registro 2021265, viernes 06 de diciembre de 2019).

 

Desde luego que es un tema novedoso, pero no prioritario. Bien pudo resolverlo un tribunal colegiado y la Corte debió preocuparse de asuntos que requieren mayor atención y estudio, como es el caso que ahora, penosamente, resolvió con la prisa de la recaudación, a saber: “Documentos privados. Deben cumplir con el requisito de ‘fecha cierta’ tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. La connotación jurídica de la ‘fecha cierta’ deriva del derecho civil, con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas […] esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dichos documentos se pretende lograr. (Sic)” (contradicción de tesis 203/2019). Jurisprudencia que requería mayo análisis, sobre todo de sus desastrosas consecuencias. No obstante, desafortunadamente, con la finalidad de que la autoridad fiscal cuente con “armas jurídicas” para recaudar, se implementó esta medida; pues es un hecho notorio que los contratos que se realizan entre los particulares, muchas ocasiones, ni acaso se realizan por escrito y son acuerdos verbales de buena fe. Pero ahora es necesario que sean celebrados ante fedatario público como si la economía de los contribuyentes diera para ello.

 

Y otro de los casos resuelto con la prontitud de la recaudación es el que sostiene: “Procedimiento para acreditar la materialidad de las operaciones de los contribuyentes que hubieran dado efectos fiscales a comprobantes emitidos por empresas que presuntamente realizan operaciones inexistentes. La omisión de la autoridad de resolver en el plazo establecido en la regla 1.5 de la resolución miscelánea fiscal para 2017 configura una negativa ficta y, en su caso, la emisión extemporánea de la resolución expresa no da lugar a su nulidad. […] en atención al plazo cierto y a la naturaleza de la instancia, resulta aplicable el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, en aquellos casos en que la resolución expresa se dicte de manera extemporánea y los particulares acudan a demandar su nulidad por la vía contencioso administrativa, no es posible –por ese simple hecho– decretar su nulidad (por) la inobservancia del plazo es un aspecto que no se relaciona con el fondo del asunto […]” (contradicción de tesis 387/2019). Criterio de verdadera “gimnasia jurídica” para recaudar y que olvida el principio de legalidad, que sostiene que: “la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley expresamente le faculte”; con lo cual confunde garrafalmente un procedimiento oficioso con el ejercicio al derecho de petición.

 

Indudablemente, con estos criterios, la Corte nunca analizó sus consecuencias, pues le está dando prioridad a lo que la administración pública federal intenta combatir, que es la expedición de comprobantes fiscales apócrifos; dado que ahora resulta que, a sabiendas de estos criterios, quienes expiden comprantes fiscales apócrifos estarán perfectamente blindados y los que realizan contratos de buena fe estarán vulnerables en los tribunales y saqueados por la autoridad fiscal. Evidentemente está comprobado que el derecho de los tatuados suprimió los derechos de los contribuyentes.

 

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