Poco después se supo que Joel era regidor de Gobernación en el Ayuntamiento de Ajalpan y brazo derecho del alcalde Gustavo Lara Torres. El detenido era el responsable de la Policía Municipal en aquella comunidad.  

 

El incidente generó que en la pequeña población de Ajalpan los lugareños afirmaran que el regidor estaba coludido con grupos criminales; que era el principal introductor de huachicol en la Sierra Negra y que además estaba involucrado con bandas de asaltantes en carreteras.

 

Pese a las versiones populares el gobierno estatal nunca investigó.

 

Joel González García permaneció en su cargo como regidor de Gobernación, mando policiaco y sobre todo como aliado indispensable del alcalde Gustavo Lara.

 

Debe destacarse que en esos años de 2010 a 2016 bastaba con que un munícipe firmara el programa ‘Peso sobre peso’ para que adquiriera una especie de inmunidad total y absoluta. El referido programa promovía la realización de obras públicas en forma conjunta entre Gobierno del Estado y ayuntamientos.

 

Eso ocurrió en 2015, pero hace tan sólo unas semanas, la tarde del domingo 14 de abril un fuerte despliegue de más de 10 vehículos de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla y cerca de 40 elementos de la Policía Ministerial detuvieron a Joel González García.

 

Ya sin el manto protector de una administración municipal, ‘El Coyote’ fue detenido luego de una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE). La indagatoria arrojó que el susodicho era el líder de una banda de asaltantes en carretera, también está involucrado en tráfico de migrantes y por supuesto en el huachicol. Ahora se le sigue formal proceso penal.

 

La historia es ilustrativa de todo lo que encontrará Miguel Barbosa Huerta cuando comience su compromiso de ‘limpiar’ a las policías municipales y estatal en un plazo de 100 días.

 

En municipios y regiones enteras verá que el ‘crimen uniformado’ está enquistado hasta el tuétano.

 

Policías de día y asaltantes de noche; uniformados en horario hábil y delincuentes el resto de la jornada.

 

Todo eso fue posible porque los presidentes municipales fueron los grandes encubridores, los que se beneficiaron de la venta de mercancía robada a los tráileres; los mismos que -aún hoy-, cobran cuota a los distribuidores de drogas y a las bodegas en donde se expenden huachicol y gas LP.

 

Los alcaldes estuvieron y están absolutamente informados de las redes delictivas que operan en sus zonas, pero previo acuerdo permiten que los criminales trabajen, aun a costa de la vida y la integridad de sus gobernados.

 

El compromiso de Barbosa de ‘limpiar’ las corporaciones policiacas en un plazo de 100 días es un reto enorme y descomunal.

 

Pero sobre todo implica que -tarde o temprano-, tendrá que solicitar formalmente a la Fiscalía General del Estado que se abran carpetas de investigación sobre ex presidentes municipales que fueron los grandes cómplices de la ola delictiva que azota a la entidad.

 

Inevitablemente tendrá que llegar a ese punto, si la ‘limpieza’ va en serio.

 

Al tiempo.

 

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