En el argot de los abogados se conoce como ‘sabadazo’. Puede tratarse de la detención de una persona ese día, lo que dificulta que sus defensores puedan moverse con rapidez ya que durante el fin de semana es muy difícil tramitar un amparo o armar una respuesta legal.

 

Y sucede lo mismo cuando en uno de los ‘puentes’ vacacionales más importantes del año, un juez federal aprovecha el furor social de las fiestas patrias para liberar a 24 detenidos por uno de los crímenes de mayor impacto en la historia de México.

 

La tarde del sábado 14 de septiembre, el juez federal Samuel Ventura Ramos, quien es titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, ordenó la liberación de 24 sujetos implicados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

 

Sí, así fue, los abogados de los inculpados recurrieron ante un juzgado federal con sede en Tamaulipas para alegar hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

 

El juez Ventura (quien ya liberó a un total de 53 acusados del mismo caso), aceptó la prueba de que los detenidos fueron sometidos a ‘tortura’, sin embargo el jurista no tomó en cuenta la jurisprudencia que establece que aún en casos de supuesta tortura no se invalidan los elementos que demuestran la existencia del delito.

 

Al día siguiente, domingo 15, en plena efervescencia patria, el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez ofreció una rueda de prensa en la que arremetió de manera acre en contra del juez Samuel Ventura Ramos. Señaló que hay un ‘interés político’ detrás de los actos del abogado y pidió una revisión por parte del Consejo de la Judicatura Federal.

 

En un punto medular de su exposición Encinas advirtió que la liberación de los 24 inculpados deja en situación de debilidad jurídica las acusaciones en contra de Sidronio Casarrubias Salgado, líder del cártel Guerreros Unidos y de José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala, Guerrero.

 

Encinas, también titular de la llamada ‘Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa’ argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe presentar formales cargos en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam, así como a Tomás Zerón de Lucio, exencargado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

 

Si hacemos de lado la investidura de su cargo oficial, la rueda de prensa de Encinas mostró a un hombre indignado hasta la rabia, profundamente agraviado al momento de acusar: ‘la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país’.

 

La mañana del lunes 16 el periodista Ciro Gómez Leyva entrevistó a Murillo Karam en su programa de Radio Fórmula. El foro fue bien utilizado por el exprocurador para argumentar en su favor y enfatizó: “Estoy muy tranquilo porque hice un trabajo contundente. Lo que logré en 3 meses de investigación es lo más contundente que se ha hecho en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa".

 

La realidad muestra que a unos días de que se cumplan cinco años de la funesta madrugada de Iguala cada día se aleja más la posibilidad de un verdadero esclarecimiento.

 

Las acusaciones en contra de los detenidos se están cayendo y ya no podrán volver a ser juzgados por los mismos delitos; los responsables políticos pueden ser llamados a cuentas, pero tendrán la protección de la justicia federal, léase el Poder Judicial que está en una abierta confrontación con el Ejecutivo.

 

El Estado mexicano se observa como incapaz de poder esclarecer los hechos de la noche de Iguala y de llevar al banquillo a los responsables. Todos los caminos se van cerrando, estrechando.

 

Es evidente que México no tiene las instituciones, ni los juristas para enfrentar este caso.

 

A estas alturas la única opción viable que queda para resolver ese crimen de dimensiones históricas es recurrir a la Corte Penal Internacional de La Haya, instancia a la que se debe ser llevar no solo el caso de Ayotzinapa, sino también los expedientes de los exgobernadores señalados por sostener complicidades con la delincuencia organizada. En concreto Humberto y Rubén Moreira Valdés, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

 

Si el Estado mexicano bajo la conducción del presidente López Obrador no lleva ante La Haya a los criminales que sumergieron al país en un baño de sangre, todo quedará como parte de un anecdotario. El revanchismo político de jueces y magistrados federales se encargará de que todo quede bajo una infame impunidad.

 

La mezquindad del Poder Judicial está más que probada y demostrada. No les importa descarrilar la escasa gobernabilidad del país, ni denigrar la poca justicia que queda. Ellos están en una franca confrontación política y no se detendrán hasta llevar a una crisis al Ejecutivo.

 

Cada día se hace más claro y evidente que al Estado solo le queda la ruta de llevar los casos ante el Tribunal Penal Internacional.

 

Hoy el caso Ayotzinapa está a punto de colapsar, está al borde del derrumbe y todo lo que se había logrado será volcado en una coladera.

 

El presidente López Obrador debe enviar al Canciller Marcelo Ebrard a La Haya para solicitar formalmente que se atraiga éste y muchos otros casos que el Estado mexicano es incapaz de resolver.

 

Reconocer que en esta etapa la justicia mexicana no está condiciones de resolver los grandes crímenes sería un gesto de profundidad honestidad.

 

Ojalá el mandatario lo considere, antes de que el caso termine en el archivo muerto.

 

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