El postulado número uno del nuevo gobierno es que combatiendo la desigualdad y la corrupción habrá bienestar y prosperidad. Lo primero que vemos es que, a diferencia de gobiernos anteriores, la inversión ya no es la prioridad. Antes la premisa para generar bienestar era ser atractivos a la inversión, para generar más empleo, aumentar la productividad, y así generar más riqueza. El problema con esta premisa es la distribución de la riqueza, que generó mucha desigualdad.
El gobierno actual está concentrado en la distribución de la riqueza y en la erradicación de la corrupción, porque así considera que generará mayor bienestar. Lo que parecen pedir es que, quien quiera invertir tiene que hacerse responsable de la comunidad en la que opera. Parece que para ser empresarios exitosos y consentidos habrá que ser generadores no sólo de capital económico, sino de bienestar social y promotores de medidas ‘honestas’.
El postulado número dos es que el sector privado debe ser parte de las soluciones a la desigualdad y la corrupción. Ya no será suficiente decir “yo pago mis impuestos y genero empleo; hasta ahí mi aportación; lo demás es responsabilidad del gobierno”. En contra de su naturaleza, pero para estar en sintonía con el nuevo gobierno, las empresas necesitarán estar más involucradas en la comunidad y los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad si no quieren seguir con problemas como los de estos meses.
Lo que al parecer se pide es que para repartir de forma menos desigual los empresarios ya no sólo contribuyen a través de los impuestos, sino a través de medidas que elevan sus costos de operación: dedicarle tiempo a involucrarse con la comunidad, apoyar al gobierno con cifras y horas hombre para participar en la elaboración de políticas públicas (que no se sabe si se van a realizar), mejorar las condiciones laborales de sus empleados, apoyar en el combate al huachicol, etcétera.
El postulado que el gobierno parece ignorar es que se necesita de los empresarios para generar la riqueza que después se repartirá de forma menos desigual. Le están pidiendo al empresariado que eleve sus costos de operación y disminuya sus utilidades a favor de una sociedad más justa. Pero no a todos les cuadran los números y si truenan se disminuye lo que se puede repartir. El sacrificio y la generosidad que le está exigiendo al empresariado los puede llevar a la bancarrota.
El gobierno no puede seguir tomando decisiones concentrado en su postulado número uno sin considerar las afectaciones al mercado. Urge que se tomen en cuenta las posibilidades reales de las empresas para apoyar al gobierno, porque los cálculos actuales (si es que existen) pueden llevar a la bancarrota a muchas empresas y toda su intención por poner primero a la gente puede acabar por perjudicarla.