Como se sabe, la privatización del sistema de agua potable ha sido una de las muchas medidas anti-populares del sexenio 2010-2016, misma que apoyaron los diputados de la “oposición responsable del PRI”, que en la campaña de Blanca Alcalá para la gubernatura de dos años ocho meses ofrecieron revertir.
El convenio celebrado entre el gobierno estatal y la empresa privada Agua de Puebla fue de lo más injusto y ha provocado serio malestar entre la población, que lo único que ha recibido son aumentos en el cobro del servicio y suspensiones arbitrarias de éste cuando hay algún adeudo. La Cámara de Comercio, por voz de su dirigente estatal Rafael Herrera Vélez, señala que dicha empresa no pierde, pues el precio del agua es cada vez más caro.
Otra nota importante de la edición de ayer del diario CAMBIO, es el anuncio hecho por el gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa, de no despachar en el CIS (Centro Integral de Servicios) construido en la zona de Angelópolis, la zona más cara de Puebla, por considerar esa construcción como “un monumento a la frivolidad, derroche y arrogancia”, y luego agregó el gobernador electo en su Twiter: “La sede de los poderes públicos debe ser sobria y austera”.
Además de dificultar, por la distancia, a todos los poblanos el traslado a las oficinas gubernamentales para hacer algunos trámites de su interés, el CIS es una construcción lujosa que al final resultará enormemente costosa para los poblanos, pues el gobierno morenovallista hizo esa obra con los famosos PPS y está pagando, desde el primero de enero de 2013, 15 millones de pesos cada mes. Haga sus cuentas para saber en cuánto saldrá dicha construcción, si de acuerdo al convenio que no se podrá conocer públicamente sino hasta dentro de siete años, el monto total de esa obra, que se terminará de pagar hasta el 31 de diciembre del 2037 o sea, dentro de 18 años.
Ahora se dará usted cuenta por qué se oculta al público el convenio suscrito con la empresa constructora Alfa Proveedores y Contratistas (Apycsa), propiedad de los constructores favoritos del morenovallismo, dice la nota de Carlos Cózatl.
Sobre el lugar donde despachará el futuro gobernante poblano, tiene varios lugares donde escoger: no está mal la idea de regresar al edificio de Protocolos que está en pleno Centro Histórico de la ciudad, Palafox y Mendoza y 2 Norte, una esquina del zócalo.
Ese edificio, según nos comentan, fue sede de un banco, pero fue también sede del Poder Ejecutivo de Puebla (palacio de gobierno) hace varias décadas. Arriba estaba la Tesorería General del Estado, hoy Secretaría de Finanzas y abajo, donde está el museo artesanal, era la Recaudación de Rentas. En el piso intermedio estaban las oficinas del Ejecutivo, la Secretaría General de Gobierno y la oficialía mayor.
Dejó de funcionar como palacio de gobierno en los años sesenta, cuando el gobernador Aarón Merino Fernández rescató lo que fue un colegio jesuita en tiempos de La Colonia, el de la Avenida Reforma 711. Ese edificio completamente restaurado y una de las construcciones coloniales valiosas de la ciudad, fue inaugurado por el Presidente Díaz Ordaz.
Durante el gobierno del licenciado Melquíades Morales Flores se rescató La Casa Aguayo, otro edificio colonial ubicado en el barrio de la Cruz de esta capital, y allá se trasladó la sede del Poder Ejecutivo que el señor Moreno Valle Rosas se negó a ocupar y decidió quedarse en Casa Puebla, ampliada y restaurada, que era la residencia de los gobernadores de Puebla desde que el doctor Alfredo Toxqui la rescató, pues la tenía como propiedad privada, obsequio que le hizo el Congreso del Estado de los años cuarenta al entonces gobernante Carlos I Betancourt por “sus grandes servicios al Estado”.
Esa casa parece que no costó nada al gobierno estatal adquirirla, pues el propio ingeniero Betancourt que vivía en la ciudad de México, la cedió al estado a petición del entonces gobernador Toxqui Fernández de Lara. Era una casa abandonada que todos en Puebla sabían de quién era propiedad y cómo la había adquirido (regalo de los heroicos diputados de entonces)
El gobernador Barbosa Huerta, pues, tiene muchos lugares de dónde escoger. El gasto de reconversión de cualquiera de esos edificios para oficinas del Ejecutivo Estatal sería una ‘bicoca’ comparado con el costo de la ahora Central Integral de Servicios, que podría tener otro destino que resultara productivo para la entidad.
Los panistas de la dirigencia nacional y de la dirigencia local acostumbran poner de ejemplo de eficiencia y honradez a las autoridades surgidas de su partido.
¿De veras creerán lo que dicen? Los gobernadores de Guanajuato, que llevan varios sexenios en el poder ¿son ejemplo de eficiencia y honestidad?, ¿por qué en ese estado tan católico y tan panista hay tanta criminalidad, tanta inseguridad y por qué no despega económicamente? La dirigente estatal del PAN, doña Genoveva Huerta, dijo ayer, después de asistir a una sesión de Cabildo, que los regidores del Ayuntamiento de Puebla son todos unos inexpertos, pues discuten nimiedades y pierden en eso mucho tiempo.
Los regidores de los ayuntamientos panistas ¿han sido mejores?, ¿no fueron primerizos los que acompañaron a Gabriel Hinojosa, al arquitecto Paredes y a ‘Lalo’ Rivera? ¿Qué dejaron a su paso por el poder municipal?, ¿qué hicieron de relevancia, de beneficio para la población durante sus respetivos periodos?
Y a nivel nacional, ¿que debe el pueblo de México a los presidentes Fox y Calderón, además del agravamiento de la economía, del surgimiento de la inseguridad, del incremento de la violencia y criminalidad en todo el país? Y que conste: no estamos defendiendo a la actual autoridad municipal, cuyo mayor error es no tener un plan, un proyecto claro y preciso para resolver los problemas más sentidos de esta capital, como lo tuvieron algunos ayutamientos priistas y como no lo tuvieron todos los ayuntamientos panistas que en el mundo han sido.
El problema de los panistas es negarse a conocer su realidad y erigirse como ejemplo de eficiencia y honestidad.