El viernes pasado, luego de una semana terrible de golpes jurídicos debajo de la mesa, el fallo del Tribunal Electoral dejó dos ganadores y un perdedor. En la misma sesión triunfaron Ricardo Monreal y Luis Miguel Barbosa. El único perdedor fue Alejandro Armenta, quien a partir de hoy navega a la deriva, sin la protección del presidente del Senado. Veamos:
La pretensión jurídica del aspirante Alejandro Armenta en su impugnación SUP-JDC-75/2019 era la reposición total del proceso que designó a Barbosa como candidato de Morena a la gubernatura o, en su caso, su inscripción como candidato de Morena.
En el mismo escrito, oculta, venía la pretensión política de Ricardo Monreal: clarificar los procesos de selección de candidatos en Morena, en específico el caso de las encuestas, para crear una normativa clara y obligatoria para las dirigencias y aspirantes, de tal forma que en 2021 no vuelvan a aplicarle un ‘garrote’ en forma de sondeo.
Concluida la votación unánime, a la pretensión jurídica de Armenta los magistrados dijeron ‘no’, pero a la pretensión política de Monreal dijeron ‘sí’.
La primera parte es de sobra conocida: el Tribunal pidió a Morena fundar y motivar la designación de Barbosa —sin utilizar la encuesta—, cuestión que se resolvió horas después cuando el Comité Nacional ejerció su facultad de designación directa, e ingresaron el escrito antes de que terminara el viernes. ¡Kaput, Armenta!
La segunda parte no es menos interesante, pues de la lectura completa del fallo del TEPJF, se reconoce que el método de las encuestas para designar candidatos, contemplado en los estatutos de Morena, así como se practica, es opaco y antidemocrático, pues la Comisión Nacional de Elecciones debe proveer a los aspirantes, a todos, de los elementos de publicidad del mecanismo. Justo lo que quería Ricardo Monreal.
Así lo dice el resolutivo C:
“c) Ordenar al partido MORENA la adecuación de su normativa interna, para regular sus métodos de selección de candidatos. Lo anterior, considerando que en el caso ha quedado evidenciado que, en la normativa partidista de MORENA, respecto al método de selección de encuesta no se definen lineamientos para su realización, y mucho menos los parámetros para la ponderación de los resultados.
“En ese sentido, como se expuso con antelación, es nuestra convicción que el partido tiene la obligación de hacer del conocimiento de todos los participantes la metodología que habría de servir de base para la elaboración y evaluación de la encuesta, ya que sólo de esa forma los precandidatos estarían en aptitud jurídica de poder aceptar o no los beneficios o perjuicios que pudieran resentir a su esfera de derechos. Tomando en cuenta ello, es nuestra convicción que la sentencia debería ordenar a MORENA la emisión de Lineamientos específicos, a fin de que, en ellos, se precisen las reglas generales por cuanto a sus procesos de selección de candidaturas.
“En el entendido de que en los instrumentos convocantes se deben explicar los detalles o particularidades de la encuesta que se utilizará como base en el proceso de selección del candidato al cargo de referencia, tales como la metodología, tamaño de la muestra, tipos de cuestionario, nivel de confianza, margen de error y tratamiento de las respuestas, es decir, todos los elementos que den certeza y transparencia al uso de ese método, para los participantes y la militancia.
“Asimismo, se debe regular la existencia de reuniones a las que se cite a los aspirantes inscritos en el proceso interno de selección, junto con los integrantes de los órganos competentes del debido desarrollo de éste, en la que se les explique de manera puntual los parámetros y lineamientos de la encuesta, y otra en la que se den a conocer los resultados de su realización, las cuales deben quedar debidamente documentadas y probadas, esto es, se deberán elaborar actas circunstanciadas y se generarán los documentos que resulten necesarios para acreditar su existencia y el debido conocimiento de los aspirantes de esa información.
“Hecho lo anterior, se deberá realizar el dictamen de designación del candidato al cargo que corresponda el cual deberá estar debidamente fundado y motivado, atendiendo a la valoración y alcance de la información obtenida de la encuesta que se lleve a cabo, ello con la finalidad de que los participantes conozcan las razones que sustentan la determinación del partido para la designación de un aspirante respecto a los otros, y estén en aptitud de controvertir la determinación final.
“De esta manera, en nuestro concepto, el presente asunto permitiría ordenar al partido MORENA diseñar y aprobar la modificación de su Estatuto, lo que abonaría a su democracia interna, siendo que los alcances y parámetros del método de encuesta los definirá en ejercicio de sus derechos de auto determinación y autoorganización, así como al respeto de los principios de legalidad, certeza y transparencia en beneficio de sus militantes.”
Ricardo Monreal ya tiene lo que quería: la obligación de Morena para modificar sus estatutos y crear lineamientos para el uso de encuestas.
Luis Miguel Barbosa también tiene lo que quería: la candidatura al gobierno de Puebla, ahora con el respaldo unánime del CEN y, por supuesto, López Obrador.
Alejandro Armenta fue el único que se quedó con las manos vacías, pues ya no hay nada que enemiste a Ricardo Monreal con el próximo gobernador de Puebla.
