Con la salida de David Villanueva, promovido a un cargo de mayor importancia en la estructura federal de rendición de cuentas para convertirse en el auditor del auditor superior de la Federación (ASF), el último residuo del morenovallismo es Héctor Sánchez Sánchez, cuya vigencia como magistrado presidente del TSJ está a punto de vencer, aunque el abogado considera que puede resistir tras la victoria de Luis Miguel Barbosa y permanecer ahí, lo que es un acto de ingenuidad política.
Esta semana, al magistrado presidente le dispararon sendos obuses que lo cimbraron y lo pusieron en estado histérico. Desplegados firmados por una fantasmal organización denominada ‘Abogados contra la Corrupción’, publicados en la página 3 de El Universal, cuyo responsable de la publicación se atribuyó a un tal Héctor Adrián Torres Bautista, pusieron a temblar a la última rémora del régimen morenovallista.
Las acusaciones del desplegado no son menores: prevaricato a través de despacho de prestanombres, venta de asuntos, abuso de poder, hostigamiento sexual e incluso, pasarle una renta mensual al ex gobernador Antonio Gali Fayad, padrino de Sánchez Sánchez, quien primero lo hizo síndico municipal y luego magistrado presidente del TSJ.
Dos problemas de ese desplegado. De inicio, no ofrecen pruebas de ninguna de sus afirmaciones. Y luego, no hay noticias previas, ni antecedentes jurídicos de esa organización, ‘Abogados contra la Corrupción’, ni del responsable, Héctor Adrián Torres Bautista.
Cualquiera puede publicar un libelo, pero no pagar un desplegado en El Universal, pues se trata de una forma muy onerosa de llamar la atención que puede llegar a costar hasta medio millón de pesos. ¿Quién patrocinó el golpe y a quién le interesa desgastar al todavía presidente del TSJ?
Pero Sánchez Sánchez reaccionó de la peor forma posible. En estado histérico, convocó a una rueda de prensa para cantar su inocencia, y para presentar un documento —no una denuncia— en el que le pide investigar al fiscal Gilberto Higuera Bernal tanto a los responsables de publicar el documento, como las acusaciones señaladas.
Pero esto es una burrada del magistrado presidente. ¿A poco publicar un desplegado, por más mentiras que contenga, es un delito? Claro que no. El Congreso local derogó los delitos de difamación y calumnia, por lo que las opiniones son ilícitas de orden civil. En cualquier caso, el magistrado presidente podría levantar un caso de daño moral, pero dado que todos los jueces civiles son sus inferiores jerárquicos, sería un juicio muy vulnerable.
Si no se puede perseguir penalmente la publicación de los desplegados, y los dichos mentirosos, ¿por qué montar la faramalla de acudir a la Fiscalía General del Estado? ¿A qué le teme Héctor Sánchez Sánchez? ¿Habrá algo verdadero en los señalamientos?
No hay que ser muy inteligente para adivinar que la caída de Sánchez Sánchez, si no es inminente, se dará después de que Luis Miguel Barbosa gane la elección de gobernador. No tiene más crédito político, y aunque podrá mantener la magistratura, políticamente es inviable que retenga la presidencia, sobre todo en la oleada de reformas que prevé hacer el próximo gobernador.
Tampoco pueden pasarse por alto los dichos de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de iniciar una limpia en los Poderes Judiciales estatales para descubrir a jueces y magistrados coludidos con el crimen organizado. En ese sentido, Barbosa necesita a alguien de su confianza. Y ese alguien de confianza, ciertamente, no es Héctor Sánchez.
¿El desplegado de ‘Abogados contra la Corrupción’ es el primer aviso al magistrado presidente para que vaya preparando su salida de forma ordenada y dócil para cederla después de agosto, so pena de que las pruebas de que todo lo señalado en el desplegado comiencen a aparecer en la opinión pública? Es muy probable. Apostaría por ello.
Se puede dudar, sin embargo, del responsable del pago y la publicación, pues Héctor Adrián Torres Bautista es vinculado como asesor jurídico del SITBUAP, aunque en realidad no puede litigar porque carece de cédula profesional, por tanto, no fue encontrada en los registros del TSJ. ¿A poco un ‘pasahambres’ tuvo los 500 mil pesos para pagar el desplegado?
¿Y a quién le va a entregar Héctor Sánchez esa silla? No puede descartarse a Carlos Meza Viveros como instigador del desplegado, pues el ex notario siempre ha ambicionado la presidencia del TSJ. Creyó que Mario Marín se la daría, pero sólo le entregaron la dirigencia municipal del PRI.
Aunque vendió su apoyo a Moreno Valle, éste sólo le pagó autorizando que pudiera dejar a su ex esposa Hilda como responsable de la notaría. Y con Gali le pasó lo mismo, no le dieron nada de valor.
Pero ahora que se estrenó como vocero de Barbosa, quizá sí, ya le llegó su tiempo. Y se le hace tarde para que Héctor Sánchez Sánchez entregue la presidencia del TSJ. El abogado Meza, sin embargo, habría lanzado el bulo de que Alberto Miranda fue el instigador.
Lo único cierto es que a Héctor Sánchez se le acabó la vida útil, y su salida será más o menos tortuosa, pero de que lo será, lo será.
