En la primera crisis de seguridad pública con la masacre de Cohuecan y Tepexco falló el titular de Seguridad Pública, pero no falló el gobernador en su reacción del día después. Luis Miguel Barbosa tomó el toro por los cuernos y en una decisión que parece tan temeraria como valiente, anunció que el próximo domingo visitará ambos municipios para “garantizar que se restablezca la convivencia y la presencia de la autoridad”. A los criminales les dobla la apuesta.

 

Como creador de la teoría del “todo nuevo, nada viejo”, no hay otra persona que pueda dar el impulso para hacer formas políticas diferentes que el mismo gobernador. Lo más sencillo sería dejar que entre el Fiscal, el titular de Segob, y claro, al de Seguridad Pública, absorban el golpe hasta que se diluya en la opinión pública.

 

Eso es lo que hizo Moreno Valle en Chalchihuapan y lo pagó caro. Barbosa tiene otra estrategia, hacer las cosas diferentes, aunque eso significa meter en brete a sus funcionarios.

 

Los metió en un brete porque los tres funcionarios deben crear las condiciones para que esa visita del gobernador a los dos municipios se lleve a cabo en un ambiente de tensa tranquilidad, no de crispación o explosión, como todavía se vivió ayer en el día después.

 

Una tensión provocada porque los pobladores lo saben, las autoridades lo saben, y todos lo saben: debe haber castigo, como la ley lo prevé, por los 7 homicidios. Lo otro, el perdón, es enviar el mensaje de impunidad.

 

Lo que nos lleva a preguntar cuál es el verdadero mensaje que el gobernador Barbosa quiere enviar desde Cohuecan y Tepexco.

 

 ¿Un mensaje de impunidad, de tolerancia a la violencia? ¿O un mensaje de autoridad, de castigo a la ilegalidad? De ese mensaje dependerá el modelo del gobierno en la aplicación de la fuerza pública en los años por venir.

 

No es una cuestión simplista. La fórmula más sencilla para que el gobernador Barbosa tenga una visita pacífica el próximo domingo es darle por su lado a la población agresora. En ese orden parece jugar la declaración realizada ayer por el titular de Segob en Milenio TV al aceptar, expresamente, que los 7 linchados sí estaban vinculados como banda de secuestradores.

 

Eso, además de prejuzgar a esos 7 linchados que no tuvieron oportunidad de ser juzgados y, en caso de ser declarados culpables, compurgar una sentencia de pena privativa de la libertad, alienta la justicia por la propia mano, lo que vulnera el Estado de Derecho.

 

En otros términos, es avalar que cualquier turba, victima o no de un delito, haga justicia por su propia mano.

 

La CNDH emitió ayer un comunicado que choca totalmente con esta idea primaria de avalar el linchamiento y prejuzgar a los linchados como secuestradores. El organismo “rechaza tales actos, demanda justicia para las familias de las víctimas, mediante una investigación seria y profesional que permita dar con los responsables de las ejecuciones, para que sean castigados de acuerdo con la ley y no se permita la impunidad”.

 

No se queda ahí el órgano garante, pues reconoce el operativo fallido para rescatar a los linchados, y exige una investigación para determinar el papel de las autoridades presentes ahí que no pudieron cumplir su cometido de resguardar la vida de los agredidos.

 

“Además, exige se deslinden las responsabilidades en que pudieran haber incurrido las diferentes autoridades que presenciaron estos hechos y no consiguieron evitar que se privara de la vida a las personas”.

 

El fiscal Higuera Bernal, por su parte, tiene que investigar los 7 homicidios. El destacamento de ministeriales en la zona trató ayer de conseguir videos por todos los medios con el objetivo de identificar a los incitadores y también a los ejecutores materiales de los ahorcamientos, de las golpizas, la cacería nocturna y, claro, los que fueron a sacar de su vivienda al señalado “líder” de la gavilla de secuestradores.

 

Se ve difícil la cosa porque, según Manzanilla, hubo 400 pobladores involucrados, quienes han cerrado filas para protegerse mutuamente. Su objetivo es la impunidad, que nadie vaya a la cárcel.

 

¿A poco al fiscal le van a pedir que no haga su trabajo?

 

 

Difícil brete para todos. Higuera Bernal debe hacer su trabajo de perseguir los 7 homicidios. Manzanilla debe apaciguar políticamente a la comunidad. Y Amezaga crear las condiciones de seguridad para la visita del gobernador.

 

Cualquiera podría decir que Barbosa los está poniendo a prueba tras sus fallos clamorosos del miércoles. Y también si están listos para generar esas nuevas condiciones de hacer política. Todo nuevo, recuerden.