Luego de que el abogado Javier Coello Trejo ratificó la denuncia por desvíos de 466 millones de pesos a favor de Lobos BUAP AC, la sombra de la cárcel va a perseguir a Alfonso Esparza los dos años que le restan de rectorado. Y eso si termina su periodo. Su imagen se pudrió y es lo de menos porque lo demás es perder la libertad.

 

 

A Esparza Ortiz, su hija Luza, y los empresarios cómplices del Patronato, además, les tocará rendir cuentas en el SAT, pues según el abogado Coello también fueron a denunciarlo ante el fisco. En 2014 ingresaron 84 millones de pesos y pagaron cero de impuestos.

 

Otro frente más será la Comisión Inspectora. El presidente del Congreso, Gabriel Biestro, ya anunció que en el Congreso serán investigados los depósitos que se hicieron desde cuentas de la BUAP a un ente privado sin relación jurídica con la universidad, presidida por la hija del rector. Todo terminó en un quebranto patrimonial de 370 millones de pesos, pues de la aventura del futbol profesional sólo se rescataron los 90 millones que depositó Mendívil.

 

Son demasiados frentes para el rector, a quien también le surgirá una oposición interna, pues no dudo que algunos integrantes del Consejo Universitario decidan alzar la voz por dignidad para no convertirse en cómplices.

 

Como cualquier día de estos la Fiscalía General del Estado puede someter a un juez la carpeta de investigación para liberar la orden de aprehensión, al rector Esparza sólo le queda atrincherarse en el concepto de autonomía universitaria para ponerse a salvo de las consecuencias legales de sus actos. El problema es que quiere autonomía para seguir el saqueo.

 

El concepto de autonomía universitaria es el único argumento que le queda en su desesperación, incluso, de arrastrar en los problemas legales a su hija Luza y los empresarios cómplices del Patronato.

 

 

El problema es que la BUAP no cometió ningún delito ni se persigue a la institución. Se ha denunciado a un funcionario específico que es el rector. El tema, pues, ya está en las instituciones legales. Ahí se definirá su suerte y, claro, el futuro de lo que queda de su periodo si es que lo acaba.

 

Ayer el rector hizo presencia en la marcha del 2 de Octubre —no había acudido nunca— para hablar encendido de la autonomía universitaria que, dice, es libertad de cátedra, libertad de pensamiento y —ah caray— libertad de administración.

 

Lo cito textualmente: “Me uno a esta celebración y seguiremos con otro tipo de eventos dando vida a lo que sucedió hace 51 años y que sigue vigente en todos los universitarios, este gran espíritu de libertad, de libertad de expresión y el libre pensamiento, de libertad de cátedra y de libertad de administración".

 

Al hablar de libertad de administración, el rector habla de los dineros de la BUAP. Un presupuesto anual que ronda los nueve mil millones de pesos, aunque al Consejo Universitario sólo le informa que son seis mil.

 

Dineros con los que, por ejemplo, dispone la construcción de una Torre de Rectoría que es un barril sin fondo, sin fecha para terminarse y sobre la que se acumulan titipuchal de historias que después se harán públicas.

 

Entonces, Esparza entiende que autonomía universitaria es sinónimo de saqueo de los dineros universitarios, mediante esa figura opacará que son los recursos autogenerados.

 

Esto, llegue Esparza o no la cárcel producto de la trama Lobos, no puede continuar así.

 

Autonomía universitaria no es rapacidad, corrupción, agandalle, ratería.

 

Algo debe hacer Gabriel Biestro en el Congreso del Estado. Promover una reforma que le amarre las manos al rector si es que continúa en el cargo.

 

O los diputados federales de Morena deben elevar el tema a San Lázaro o a la Auditoría Superior de la Federación.

 

El tema será de la máxima importancia para el nuevo auditor superior del estado.

 

Esparza, en esa situación de desesperación, es un peligro para la BUAP. Por algo se aferra a terminar el cargo e imponer a un sucesor a modo.

 

Que no olvide que la demanda de Coello no es contra la comunidad universitaria, sino contra una persona específica que es José Alfonso Esparza Ortiz, quien autorizó el desvío de los 466 millones. Alguien que entiende como sinónimos la autonomía universitaria y la libertad de saqueo.