A punto de cumplir tres meses en el poder, el barbosismo pasó de los dichos a los hechos. La promesa de derrumbar el régimen corrupto del morenovallismo hasta sus escombros se concretó pegándole a los supervivientes que recibieron premio sexenal al revocar las 29 notarías que fueron repartidas entre los adictos a Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso.

Muchos de esos beneficiarios son identificables como Patricia Leal o Sergio Penagos, pero la mayoría colocaron en las notarías a prestanombres de los que muy poco o nada se conoce. En cada acto de gobierno un negocio, definió Barbosa, y pocas cosas tan negocio como una notaría. O 29 notarías.

Ayer CAMBIO dio a conocer en exclusiva la cancelación de las 29 patentes luego de confirmar lo que había ocurrido en varias de ellas, sobre todo en la región de Tehuacán. Funcionarios de la Consejería Jurídica se apersonaron en edificios y despachos con una encomienda: cancelar folios, y retirar sello y libros.

Los morenovallistas no pudieron reaccionar, pues aunque estaban avisados que procedería la revocación, esperaban un decreto que pudieran combatir mediantes amparos para, al final, terminar ganando el pleito. Igualito como les ocurrió en Tlaxcala a los notarios a los que Mariano González Zarur les quiso quitar la patente. Se echaron un sexenio de pleito, pero al final ganaron y se quedaron con las patentes.

En septiembre de 2010, cuando faltaban sólo unos meses para que Héctor Ortiz Ortiz terminara su mandato, el entonces gobernador expidió 16 patentes de notarios. Un año después, los dieciséis nombramientos quedaron suspendidos por órdenes directas de Mariano González Zarur, quien le dio seguimiento a un fallo de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) bajo el argumento de que existieron dos recursos de impugnación contra el procedimiento por el que fueron cedidas las 16 notarías designadas por Ortiz Ortiz.

Ahí empezó una batalla legal que duró seis años, pues fue hasta 2017, a sólo unos días de haber iniciado la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez, un juez ordenó al gobernador, al secretario de Gobierno, al director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y al director del Periódico Oficial Local, para que en un plazo de tres días diera cumplimiento a lo ordenado y regresase las patentes a dicho grupo de notarios.

Conocedores de ese caso ocurrido en Tlaxcala, los juristas del gobierno barbosista decidieron tomar otro camino al decreto de revocación, pues el gobernador Barbosa firmó uno a uno los acuerdos para cancelar las notarías, no para revocar la designación como notarios. Entre uno y otro camino hay diferencias importantes.

Es decir, el gobernador Barbosa invocó las mismas facultades con las que Moreno Valle creó las 29 notarías. Bajo el principio de quien puede lo más, puede lo menos, firmó los acuerdos para desaparecerlas.

¿Vendrá batalla jurídica por parte de los morenovallistas revocados?

Yo creo que sí, pues una notaría es un negocio por el que vale la pena aventarse un pleitazo jurídico aunque sea sexenal. Los Leal, los Penagos, defenderán lo que el derecho denomina como “derechos adquiridos”. Es decir, no puede desaparecer las patentes ni revocar los nombramientos.

Si alguien pensaba que Barbosa simulaba al prometer la persecución de la corrupción morenovallista, que iba a ser más de lo mismo, que eran pura palabrería, pues ya se toparon con que el gobernador tiene la mano pesada y juega rudo.

*** En medio de todo este proceso, el suicidio de Mauricio García León. Aunque la familia insiste en que se trató de un infarto, el parte médico es claro en señalar que el ex director de Notarías de la SGG recibió un disparo en el costado izquierdo del cuerpo.

El ex funcionario era investigado por la falsificación de la firma del ex gobernador Gali para la entrega de una notaría en Serdán, un caso denunciado y documentado por el periodista Rodolfo Ruiz. Se dice, incluso, que ya tenía orden de aprehensión y no resistió la presión.

Quizá, por eso, el propio García León señaló a Ruiz como probable responsable en caso de que algo le ocurriera, lo que amerita una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).