Más blanco que Gasparín el fantasma amigable, haciendo pausas dramáticas, el rectorcito Esparza confesó ante el Consejo Universitario que, como se preveía, con la llegada de Francisco Romero Serrano a la ASE se acabó una era de impunidad en la fiscalización de los recursos universitarios, tanto los que provienen del subsidio estatal como los autogenerados.
En efecto, apenas sentándose en la silla del auditor superior del estado, Romero Serrano firmó su primera auditoría dirigiéndola a Alfonso Esparza Ortiz.
En realidad se trata de dos revisiones: una ampliación al ejercicio 2018 y una visita domiciliaria por el ejercicio en curso 2019 donde, por fin, alguien entrará a averiguar qué ocurre con la carísima e innecesaria torre de Rectoría que no tiene para cuándo terminarse y sólo chupa y chupa recursos.
También será interesante conocer el destino de los 300 millones de subsidio extraordinario que le envió Jorge Estefan Chidiac unos días antes de comenzar el proceso electoral, pues se rumora que los recursos fueron extraídos mediante facturas falsas. Ya se verá.
Lo mejor fue la confesión del propio rectorcito ante el CU de que la notificación de ambas auditorías era algo que “nunca había ocurrido”, que se trataba de algo “inusual”.
Así lo dijo: “El día de ayer (miércoles) nos llega algo que nunca se había presentado, dos oficios, uno donde nos informan una auditoría que incluye del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019 y una visita domiciliaria por ese mismo periodo con todas las posibilidades de ampliarse y con todo lo que esto representa”.
Por supuesto: durante los últimos catorce años que ha manejado a su antojo el erario universitario —como Tesorero de 2004 a 2012 y como rector de 2013 a 2019—, la Auditoría Superior del Estado nunca lo tocó con el pétalo de una rosa, provocando que el ejercicio del gasto se diera en total opacidad.
Sin fiscalización rigurosa, la BUAP es la institución más opaca en el ejercicio de recursos, pues contesta de forma negativa a todos los requerimientos de acceso a la información pública mediante el ejercicio de la Plataforma Infomex. No es broma: todas sus respuestas son N/A. Una auténtica burla.
Confiado en que nadie fiscaliza sus recursos autogenerados, entre 2014 y 2018 envió más de 600 millones de pesos a Lobos BUAP, un desvío escandaloso que investiga la Fiscalía General del Estado.
Luego de informar al Consejo, el rectorcito Esparza quiso aparentar seguridad al hablar del tema ante los medios de comunicación: “No hay ninguna cuestión que nos preocupe, ya revisarán todo, es inusual, simplemente así lo menciono, nunca se había dado de dos órdenes de visita simultaneas para el mismo periodo, lo que representa una visita domiciliaria (…). Nosotros lo atenderemos, estamos esperando que regresen a dar inicio a la misma, ayer entregaron los oficios, en el transcurso de hoy supongo que llegarán a iniciarla y se proporcionará como siempre toda la información y estaremos abiertos de cualquier fiscalización.
En los hechos, sin embargo, hizo todo lo contrario: cayó en la histeria que sólo puede caer el pillo sorprendido en el acto de robar. O el pillo que busca ganar tiempo.
Aunque la notificación era personal como representante legal de la BUAP, Esparza Ortiz no acudió a recibir la auditoría y tampoco la abogada general. Mucho menos el tesorero Óscar Gilbón Rosete. Todos desaparecidos.
Prefirió cerrar las oficinas de la Tesorería y recibir una orden de apremio para presentarse, además de colocar a un grupo de jóvenes estudiantes para amedrentar a los auditores de la ASE, quienes los grabaron y persiguieron por todo el edificio Carolino. Todo, sin embargo, quedó certificado mediante notario público.
Como se había previsto, con la llegada de Francisco Romero Serrano se agotó esa impunidad. Ahora, para el rectorcito, lo peor está por venir. Se le avisó con tiempo.
