Ni la llegada de una nueva generación de magistrados, ni el retiro de la vieja guardia que dominó dos décadas, ni la creación del Consejo de la Judicatura, ni los nuevos mecanismos para rotar a los jueces, pudieron terminar con la corrupción endémica del Poder Judicial en Puebla.

En esa lógica, el punto de inflexión es la publicación del chat de los magistrados identificados con el morenovallismo, quienes continúan con su guerra sin imponerse una lógica institucional como la de Héctor Sánchez Sánchez, quien fue síndico de Gali y de su mano llegó a la presidencia del TSJ, pero que se cortó el cordón umbilical por el bien de todos.

Como el que avisa no traiciona, el gobernador Barbosa llegó a Ciudad Judicial para advertir a todos que se avecina una gran reforma al Poder Judicial del Estado, tal como lo prometió en campaña y se planteó en los foros por la legalidad coordinados por el gran abogado Ernesto Ramírez. Esa reforma será de gran calado y va a pegar en todo el proceso de administración del Poder Judicial.

Para los magistrados, sin embargo, pega en uno de los núcleos de la corrupción: la duración cuasi vitalicia de su periodo. Desde la fecha de su designación por el Congreso, conforme a la ley actual, su periodo límite es la edad de 75 años, momento en que se vuelve obligatoria la jubilación.

Es decir, un personaje electo a los 40 años de edad, en plenitud de su vida profesional, por lo menos puede pasar 35 años de magistrado. ¡Más que Porfirio Díaz en el poder!

Sin duda, un desatino por dos razones fundamentales.

Una, desde su designación como magistrados sólo pueden ser removidos por causa grave. Es decir, violaciones directas a la Constitución. Es una de las razones para quitarles el fuero con el objetivo de que no se dé una infamia más desde el poder público.

Dos, como son inamovibles, prácticamente no rinden cuentas a nadie sobre su encargo, resoluciones, imparcialidad y ética. Los acuerdos se dan entre pares, en el pleno del Tribunal, y las decisiones del Consejo de la Judicatura impactan sobre los jueces y funcionarios menores, pero no sobre los magistrados.

Extraoficialmente se sabe que en el proyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se prevé una vigencia máxima de 15 años para el periodo de los magistrados, igual que los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Por supuesto, los actuales magistrados aducirán que ese nuevo periodo de vigencia no les aplica a ellos y que Israel Mancilla, Ignacio Galván y Jorge Cruz Bermúdez podrán permanecer en el TSJ hasta los 75 años que marca la jubilación obligatoria. Defenderán sus derechos adquiridos.

Pero lo mismo pensaban los morenovallistas que se hicieron de notarías a través de prestanombres: que su reino no tendría fin, y muchos de ellos, ante la eventualidad de las denuncias penales que se avecinan, han preferido entregarlas voluntariamente para no tener más problemas.

Por cierto, tras el escándalo del chat de WhatsApp de los magistrados morenovallistas, de plano Israel Mancilla decidió ausentarse del informe de Héctor Sánchez Sánchez. Quizá fue prudencia, quizá fue miedo.

Los que sí acudieron a poner su cara de amigables fueron Ignacio Galván Zenteno y Jorge Cruz Bermúdez. Al primero le negaron el saludo en un paso apresurado del gobernador, y el segundo quiso ponerse de tapete, pero no lo pisaron.

Por el contrario, gracias a su actitud institucional, Héctor Sánchez Sánchez tuvo un informe plácido, lleno de afecto por parte del gobernador, que ratificó su liderazgo en el TSJ pese a su origen galicista.

El magistrado presidente es la prueba viva de que sí puede transitarse en la Cuarta Transformación de Luis Miguel Barbosa siempre que se actúe con decoro político, dignidad y lealtad a los principios del nuevo gobierno.