La regidora priista Catalina López Rodríguez, del Ayuntamiento de Coronango, incurrió en tráfico de influencias para favorecer a su esposo, condonó impuestos a inmobiliaria y sacó provecho de un programa social para beneficiarse cuando se desempeñaba como consejera jurídica en la administración pasada al mando de Hermelinda Macoto.

En documentos que obran en poder de CAMBIO Regionales se da cuenta de que dichas observaciones se hicieron dentro del proceso de entrega-recepción.

López Rodríguez era consejera jurídica adscrita a la sindicatura del anterior gobierno 2014-2018 cuando se firmó un convenio el 3 de abril de 2017 entre la empresa Servicios Inmobiliarios Legales y Comerciales de Puebla SA de CV -cuyo administrador general es su esposo José María Perdomo Mota- y la firma Desarrollos O de México SA, donde la primera realizaría gestiones de 512 permisos del desarrollo habitacional denominado Sendero.

El pago por este servicio a la empresa del esposo de la ahora regidora fue acordado por 490 mil pesos, sin embargo, le entregaron en especie un terreno de 878 metros cuadrados, marcado como lote 2, de la parcela 554 Z1 P/1, en el ejido de San Francisco Ocotlán, del municipio de Coronango.

Llama la atención que dicho terreno, que fue entregado como parcela, en realidad ya tiene construcción, lo cual, a decir de expertos inmobiliarios, eleva el precio por lo menos tres veces más, por lo que el costo actualmente oscila los 1.5 millones de pesos.

Fuentes consultadas mencionaron que Catalina López Rodríguez aprovechó su cargo en el gobierno de Mely Macoto para beneficiar a la empresa de su pareja sentimental recomendando a Servicios Inmobiliarios Legales y Comerciales de Puebla SA de CV para que hiciera los trámites y ella a su vez facilitaría el acceso a los mismos, lo que se incurre en tráfico de influencias.

Cabe mencionar que en el área de Desarrollo Urbano en el gobierno de Hermelinda Macoto no aparece ninguna gestión realizada por la empresa que administra José María Perdomo ni tampoco llevó a cabo ningún acto, lo cual resulta más sospechoso.

Condonan impuestos en lo oscurito

Por otro lado, durante una revisión al acta de entrega-recepción, destaca una serie de observaciones generales, como la marcada con el número 20 sobre una firma de convenio, el cual fue avalado por la entonces consejera jurídica.

En dicha acta se menciona que el 2 de marzo de 2018 la dirección del Agua Potable firmó un convenio con la empresa Desarrollos O de México, representada por José Gustavo Schweitzer, para la condonación de pagos por derechos de agua, permisos, condonaciones, licencias de desarrollo urbano y agua de los desarrollos Sendero, Pradera y Villas.

La primera irregularidad es que el firmante por parte de la Dirección de Agua Potable fue José Delfino Peralta Juárez, quien se ostentó como subdirector cuando su cargo era el de inspector, además, de acuerdo con la Ley Orgánica municipal el único que puede firmar los convenios es el presidente municipal.

Otra irregularidad detectada es que el convenio, técnica y jurídicamente, debía ser aprobado por la consejera jurídica Catalina López Rodríguez, lo cual no sucedió o hizo caso omiso a los errores cometidos, ya que del desarrollo Sendero hubo un pago a favor de su pareja sentimental.

El monto del convenio por parte de la empresa al Ayuntamiento de Coronango, a través de la Dirección de Agua Potable, es de aproximadamente 25 millones de pesos, de los cuales sólo se pagaron 10 millones.

Catalina López lucró con actas de nacimiento

La actual regidora también usó programas sociales para hacerse de recursos, pues durante su cargo se impulsó el programa Registro Civil para la corrección de actas de nacimiento.

El programa no tendría nada de malo, si no fuera porque López Rodríguez era quien recibía las solicitudes, las turnaba al Registro Civil y se hacían las modificaciones sin que estuviera la anotación marginal.

La ahora regidora por el PRI cobraba -a decir de ciudadanos que confiaron en dicho programa- dos mil 500 pesos, sin que les dieran un recibo para poder reclamar que el procedimiento estuvo mal hecho y que su problema nunca fue resuelto como se los prometieron.

“Nos explicaron que la sentencia judicial no salió en tiempo y forma, además de que el procedimiento no fue hecho para dar solución a nuestro problema, por lo que nos sentimos engañados y defraudados por Catalina López, ya que le dimos el dinero y nunca nos entregaron un comprobante como nos prometió su gente”, señaló uno de los afectados.