Gustavo Vargas Cabrera, alcalde de extracción morenista, será denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla por Leonida Vergara, directora de un jardín de niños, y Tiburcio Alvarado, director de la escuela primaria ‘Venustiano Carranza’‒ ambas ubicadas a 20 metros del recinto ferial que fue convertido en basurero‒ por violentar el derecho básico a contar con un ‘Medio Ambiente Sano’.

El alcalde es acusado de engañar a dos escuelas de no utilizar el recinto ferial como basurero, ya que sus directivos presentaron desde hace ocho semanas un oficio al Ayuntamiento al encargado de Ecología municipal.

Leonida Vergara y Tiburcio Alvarado manifestaron que desde hace semanas los desechos contaminantes afectan a 178 menores en el jardín de niños y mil 500 alumnos en la escuela primaria; indicaron que notificaron al Sector Salud, pero el Ayuntamiento sigue utilizando el recinto como basurero municipal.

El basurero en el recinto ferial sigue operando, con la novedad de que los desechos acumulados provocan que ratas de gran tamaño invadan los predios alrededor de la colonia El Potro; están en riesgo dos escuelas y más de cinco mil personas por condiciones insalubres.

Los afectados preparan documentos con anexos fotográficos y videos de la afectación y del panorama insalubre que ha prevalecido en los últimos 60 días en calles de la colonia El Potro; la denuncia será interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con copia a la nacional, por violentar el derecho básico a contar con un ‘Medio Ambiente Sano’, asimismo, por afectar a 178 niños de un kínder y mil 500 niños y niñas de primaria, en su derecho fundamental a la salud.

El abogado César García, del departamento jurídico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fue consultado por CAMBIO Regionales y confirmó que “la denuncia sí puede proceder por afectar la vida, el derecho fundamental a la salud y también al derecho por un Medio Ambiente Sano”.

El especialista recomendó que en primera instancia la queja se formalice ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla y en caso de que ésta no sea atendida con prontitud, tratándose de un asunto que afecta a toda una comunidad, la CNDH puede darle seguimiento.