Como parte de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero, Puebla contará con un fiscal especializado en Inteligencia Financiera adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE), que reportará directamente el resultado de sus investigaciones directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda a cargo de Santiago Nieto Castillo.

Estas Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) en los estados estarán a cargo de combatir los delitos de ‘lavado’ de dinero, teniendo como fuente las bases de datos del predial, de los Registros Públicos de la Propiedad, de impuestos sobre compra de inmuebles y los registros de información bancaria.

Lo anterior con el objetivo de ubicar aquellas empresas o personas que son beneficiarias a través de dinero o de un inmueble de origen ilícito, y detectar posibles casos de ‘lavado’ de dinero.

Incluso el pasado mes de mayo se llevó a cabo la primera reunión Nacional de la Unidad de Inteligencia Financiera con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de los estados, misma que contó con representantes de las 32 entidades federativas, entre ellas Puebla.

Para realizar sus funciones, las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, como la que habrá en Puebla, recibirán recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y pese a que estas unidades dependerán de las fiscalías estatales, los gobiernos locales estarán obligados a entregar la información fiscal, contable y financiera que sea recopilada y que sea de utilidad a la UIF de la Secretaría de Hacienda.

Además, las UIPE en los estados deberán presentar reportes de inteligencia y lista de personas políticamente expuestas para alimentar la base de datos en la materia que ya existe a nivel nacional.

Entre las facultades de estas unidades, a cargo de Santiago Nieto en los 32 estados, se encuentran el poder asegurar cuentas bancarias, fincar responsabilidades administrativas e incluso podrán presentar denuncias por delitos en materia de ‘lavado’ de dinero en el fuero común ante los ministerios públicos.

Asimismo, éstas estarán integradas por distintas direcciones, entre las que destacan la de tecnologías de la información y comunicación; de análisis patrimonial, económico y fiscal; así como de áreas jurídicas y plazas de analistas.