Los siete elementos del  Grupo de Atención y Reacción Estratégica Policial (GAREP) de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  (SSPTM) detenidos en días pasados fueron vinculados a proceso por los delitos de abuso de autoridad, lesiones y robo. Tras la vinculación, de acuerdo con fuentes cercanas al caso de los agraviados, las víctimas han exigido una reparación del daño superior al medio millón de pesos.

Sin embargo, las negociaciones fueron suspendidas hasta antes del inicio de la audiencia que se llevó a cabo la tarde de este martes en el Centro de Justicia Penal del Estado, en donde fueron asociados siete uniformados, seis de ellos del extinto GAREP.

Aunque durante esta audiencia no se dio a conocer un nuevo dato de prueba, la audiencia se prolongó cerca de 12 horas, debido al cambio de defensa de una de las imputadas y a la reiteración de los datos que se dieron a conocer durante la audiencia inicial del caso.

Luis Felipe N., Lizbeth Mireya N., Miguel Ricardo N., José Rafael N., Jesús Ángel N., Bryam N. y Karla N., fueron vinculados a proceso por los delitos de abuso de autoridad tras presuntamente detener con violencia a José Luis N y Jesús Ángel N, este último de 17 años de edad por lesiones y el robo de tres mil 500 pesos, según consta en la carpeta de investigación.

Aunque las tres distintas defensas trataron de exponer que los delitos por los que eran señalados no son clasificados como graves, de acuerdo con el catálogo de delitos, el juez consideró que al usar un arma de fuego para golpear a una de las víctimas determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, además de dos meses como plazo para el cierre de investigación.

Víctimas exigen 600 mil pesos como reparación del daño

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, antes de que se llevara a cabo la audiencia, ambas partes iniciaron una serie de negociaciones para suspender el proceso en contra de los uniformados.

Las víctimas exigían en principio 600 mil pesos, es decir, más de 85 mil pesos por cada uno de los uniformados. Sin embargo, han ido bajando la cuota hasta llegar a 30 mil pesos por cada uno de los inculpados; aunque con la nueva resolución del juez de control, esperan que la solicitud de las víctimas incremente de nuevo.