A ocho días de vencer el plazo de la modernización del transporte público, los concesionarios promovieron un amparo colectivo que incluye a más de 150 transportistas para impedir ser sancionados, la aplicación de la tarifa estudiantil, así como la instalación de equipos de seguridad, argumentando que éstos se encuentran fuera de sus facultades económicas.

En entrevista con CAMBIO, el líder transportista Samuel Méndez indicó que el pasado mes de diciembre se promovió el recurso legal en contra de las medidas establecidas por el gobierno estatal, al cual se han ido sumando más concesionarios en los últimos días.

Detalló que el amparo colectivo incluye a transportistas de distintas partes de la entidad, aunque en su mayoría representan a rutas que circulan por la ciudad de Puebla.

Señaló que dicho amparo contempla siete acciones entre las que se encuentra la aplicación de la tarifa preferencial para estudiantes, así como la preferencia para la entrega de apoyos para la operación del sistema de RUTA, al señalar que se le dan millones de pesos anuales a dicho servicio para su subsidio.

“Empezamos con 150 concesionarios, pero se han ido sumando más (…), el amparo está en trámite, no hay nada seguro ahorita, está en trámite desde diciembre, son varios actos, uno es la tarifa estudiantil”, declaró.

Amparo abarca instalación de equipos de seguridad

Del mismo modo, dentro de los actos de los cuales se han amparado se encuentra la instalación de los equipos de seguridad, los cuales tienen un costo de alrededor de 32 mil pesos, además del cambio de las unidades ya que los precios de los vehículos también se han elevado considerablemente.

Afirmó que la colocación de los equipos de seguridad tampoco es una garantía de que se tengan mejores resultados en dichos aspectos, toda vez que no hay una respuesta eficiente por parte de las autoridades.

Señaló que la gran mayoría de los concesionarios no podrá cumplir con la modernización de sus unidades en el tiempo establecido, ya que éste tiene fecha de vigencia para el próximo 14 de febrero.

Aseguró que en el acuerdo original que se tenía con las autoridades estatales se pactó que el cambio de las unidades se llevaría a cabo de manera gradual conforme se fueran obteniendo los ingresos para poderlas financiar.

En semanas pasadas la Secretaría de Movilidad y Transporte informó que a partir del 13 de febrero se comenzará con los operativos para detectar y sancionar a aquellos concesionarios que no hayan cumplido con la modernización de sus unidades, las cuales pueden llegar hasta el retiro de la concesión.