El escándalo que detonó la ‘bolardiza’ provocó la salida de Alejandra Rubio Acle de la Secretaría de Movilidad y ante las investigaciones por la corrupción en la adquisición de bolardos, donde presuntamente benefició a sus familiares a través de la contratación de ocho empresas, pues se pagaron 16 millones de pesos por el servicio de instalación de las estructuras de metal.

A través de un comunicado, el gobierno municipal informó que Rubio Acle solicitó una licencia para separarse de su cargo como secretaria de Movilidad por tiempo indefinido y sin goce de sueldo, la cual fue aceptada por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

Detalló que la salida de la funcionaria se debe a motivos personales con el fin de recabar las pruebas para esquivar señalamientos de corrupción por el tema de la colocación de bolardos, misma que ha sido señalada por regidores integrantes del G7 e interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

“Es un derecho de cualquier servidora o servidor público demostrar su probidad frente a dichos o aseveraciones ante las instancias competentes”, dice el comunicado.

Rubio Acle demanda a regidores del G7

El pasado 9 de febrero la secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, dio a conocer que demandó a los regidores de Morena José Luis González Acosta y Libertad Aguirre Junco, por difamación y violencia política de género, en respuesta los cabildantes del grupo G7 mencionaron que denunciarán la falta de trasparencia de la funcionaria ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

“La defensa pública de mi nombre me obliga a denunciar penal, administrativa y electoralmente a los regidores por el desdoro que han hecho hacia mi trabajo como servidora pública, sin tener pruebas de lo declarado”, dijo.

Esto luego de que ambos regidores denunciaron que las dos empresas contratadas para el tema de los bolardos —Consorcio Metaplastico y AutoTraffic— tienen alguna relación familiar con la titular de la Semovi.

Cabildantes festejan la salida de Rubio Acle

La regidora del PRI Silvia Tanús Osorio festejó la salida de Alejandra Rubio Acle debido a que justificó su ineficiencia en la Secretaría de Movilidad al utilizar la violencia de género para protegerse de las críticas de los regidores integrantes del G7.

“En la actualidad para suplir la falta de profesionalismo se lo adjudicamos a una razón de género, pero las mujeres que de verdad hemos trabajado por esta causa nos sentimos defraudadas (…). Yo veo muy bien su salida”, dijo.

Por su parte, la cabildante de Morena Libertad Aguirre Junco mencionó que la salida de la funcionaria debe dejar en claro que los regidores son quienes tienen la facultad para exhortar proyectos de mejora a la ciudadanía, por lo que analiza responder la demanda que interpuso Rubio Acle.

“Al día de hoy yo no he recibido ninguna notificación y en ese sentido habrá que ver qué información se está manejando (…), los secretarios deben entender que están para realizar los proyectos”, dijo.

Bolardiza, el escándalo que dejó fuera a Rubio Acle

El 10 de enero en sesión de Cabildo los regidores aprobaron suspender la instalación de bolardos a fin de no generar mayor conflicto con la ciudadanía, misma que ha dividido opiniones entre los poblanos, por lo que dio un plazo de 20 días para que Alejandra Rubio Acle otorgara el costo total que se utilizó para la colocación de bolardos y dar a conocer las empresas que se encargaron de realizar los estudios que avalan su colocación.

CAMBIO el 29 de enero dio a conocer que Alejandra Rubio Acle gastó 16 millones 227 mil 324.44 pesos en ocho contratos para la instalación de dos mil 41 bolardos colocados en 12 zonas de la capital poblana como Avenida La Torres, Ampliación 14 Sur, La Margarita y el Centro Histórico, entre pagos por su instalación (10.5 millones), un estudio de viabilidad (1.3 millones) y los postes (4.3 millones).

Sin embargo, jamás dio a conocer qué estudio avaló la colocación de los bolardos en el primer cuadro de la ciudad ni el costo unitario de los mismos, por lo que los regidores pidieron a la Contraloría municipal abrir una auditoría en su contra, de no hacerlo solicitarán las labores de la Auditoría Superior del Estado.