Los morenovallistas Xabier Albizuri Morett y Sergio Barrera Alejandre, encargados de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) durante la administración de Antonio Gali Fayad en 2018, se encuentran en la mira de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al no comprobar 106 millones 135 mil 974 pesos para la construcción de la línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) de acuerdo a la Cuenta Pública 2018.
En total, el Gobierno del Estado durante el ejercicio de la cuenta pública 2018, deberá aclarar y comprobar gastos por un total de 235 millones 585 mil 417 pesos, según el informe parcial de la Federación, por tres supuestas irregularidades en el manejo de fondos.
SIMT no comprobó más de 106 millones de pesos en la construcción de RUTA 3
De acuerdo al Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior, el estado recibió a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef) dos mil 218 millones 177.3 mil de pesos durante el 2018 por construcción de infraestructura física, saneamiento financiero y protección civil.
Del total de los recursos entregados por el Fafef, al ASF sólo auditó el 5.8 por ciento de todo el monto, ubicando al estado en el octavo lugar con el mayor número de recursos examinados, siendo Nayarit el estado con la muestra más alta, el 88 por ciento; seguido por Coahuila con el 52.8 por ciento y de la Ciudad de México con el 29.6 por ciento.
El 41.5 por ciento de los recursos entregados al estado, 922 millones 537 mil pesos fueron invertidos en 40 contratos de obra pública, de los cuales, en 10 de ellos la entidad fiscalizada no presentó los dictámenes, permisos, licencias, derechos de vía, derechos de propiedad del lugar donde se ejecutaron las obras, de las cuales 39 se encuentran concluidas y una más suspendida.
Entre estos contratos se encuentra el “Proyecto de transporte masivo de la cuenca norte-sur de la zona metropolitana de Puebla corredor 3 Valsequillo CAPU” mejor conocido como RUTA línea 3, que dispuso 124 millones 146 mil pesos para su ejecución; de los cuales sólo pudo comprobar el 14.5 por ciento de gastos, por lo que la ASF presume de un daño patrimonial por 106 millones 135 mil 974 pesos en esta obra, más 640 mil 254 pesos en rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación.
Por tanto, los ex encargados de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) durante la minigubernatura de Antonio Gali Fayad, Xabier Albizuri Morett y Sergio Barrera Alejandre, son los responsables del posible desfalco a la federación, por lo que deberán aclarar en dónde quedaron los 106 millones 776 mil 228 pesos, por lo que la ASF consideró que: “el Gobierno del Estado de Puebla no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio”.
Capcee sin aclarar 124 mdp del programa ‘Escuelas al Cien’
De acuerdo al informe 1193-DS-GF, la Auditoria Superior de la Federación convalidó que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) entregó 999 millones 512 mil pesos al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) para el programa ‘Escuelas al CIEN’.
Sin embargo, el organismo estatal no envió al Inifed 714 solicitudes de pago para la ejecución del programa, recursos equivalentes a 124 millones 374 mil 647 pesos; por lo que se “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos identificado con el número 2422”; mismo monto que debe ser aclarado por el Gobierno del Estado.
A pesar de estas carencias, la ASF determinó que la administración de Gali Fayad realizó un ejercicio ‘razonable de los recursos del programa’, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
Asimismo, el Capcee y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) son responsables de aclarar cuatro millones 434 mil 542 pesos por recursos aportados por el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para asistencia social.
Mientras que en el rubro del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS), aunque se encontraron ‘anomalías’ o ‘irregularidades’ en la observación de la aplicación de los recursos, todas ellas fueron solventadas por el gobierno estatal.
Carlos Cózatl
@cr_cozatl