Los convenios que en materia de Seguridad Pública celebra el Gobierno del Estado con los municipios, como los suscritos con Tepeaca, Tehuacán y Ajalpan, no establecen la obligación de ceder el control de las fuerzas municipales a la entidad, sino coordinarse con personal que los ayuntamientos designen para su implementación, así como a la coinversión de recursos.

Este fin de semana, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta firmó convenios de colaboración en materia de seguridad pública con los alcaldes de Tepeaca, Tehuacán y Ajalpan, Sergio Salomón, Felipe Patjane e Ignacio Salvador Hernández, respectivamente.

En dichos acuerdos, el estado se compromete a coordinarse con el personal que el municipio designe y responsabilice en los convenios para realizar las materias y actividades comprendidas en dichos acuerdos.

Además, supervisan y evalúan el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del convenio suscrito con los ayuntamientos.

También el estado se coordinará con los municipios a través del responsable designado por los ayuntamientos para implementar políticas, estrategias y acciones comunes y eficaces en materia de seguridad pública y gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de los proyectos que acuerden.

Obligaciones de los ayuntamientos

Por su parte, los municipios aportan los recursos presupuestales de inversión que se convengan; también supervisan y evalúan el cumplimiento de las acciones que se realicen en coordinación con el estado, así como la correcta aplicación de los recursos presupuestales.

Los ayuntamientos aplican los recursos que destine junto con el estado exclusivamente a la ejecución de las acciones señaladas en los convenios suscritos, y deben acordar convenios con las autoridades de las juntas auxiliares del municipio para que éstas participen en la ejecución de las materias y actividades convenidas.

Las alcaldías se suman a los proyectos que el estado implemente en materia de Seguridad Pública y, en conjunto con éste, asumen y solventan con cargo al presupuesto de cada una de ellas las respectivas cargas económicas que se originen con motivo de las actividades de revisión y auditoría en la aplicación de recursos.