Los ex concesionarios de los centros de verificación solicitaron al gobernador Miguel Barbosa Huerta la devolución de sus concesiones a fin de elevar el número de verificentros a 85, pues era el número de centros que se tenían antes del retiro de sus concesiones.

Martín Maldonado Flores, representante de Colectivo de Verificentros de Puebla, afirmó que todos los ex concesionarios de los centros de verificación se encuentran en condiciones de volver a brindar el servicio, incluso de realizar inversiones de más de un millón de pesos, por lo que solicitaron el apoyo del mandatario para retomar sus actividades.

Esto debido a que indicaron que buscarán asociarse con la empresa Medios y Procedimientos Tecnológicos para poder contar con equipamientos más modernos y mejorar la verificación de las unidades.

Señaló que actualmente existen casos de corrupción en los procesos de verificación, además de que el concentrar dichas unidades en un pequeño grupo de empresarios, ha provocado que no se pueda atender a todo el parque vehicular.

“Solicitamos que se nos regrese lo que se nos fue arrebatado, si quieren licitar, consideramos que nosotros tenemos el derecho de participar (…), exigimos se aplique el principio legal de primero en tiempo, primero en derecho.”, manifestó.

Indicó que una de las propuestas que tienen para poder recuperar sus concesiones es la de implementar un sistema que permita a los ciudadanos dar seguimiento en tiempo real de los procesos de verificación a través de un portal web.

Del mismo modo, indicaron que una de sus propuestas será la de reducir los costos del proceso de verificación, pues éste ha tenido un incremento anual del 15 por ciento, por lo que propusieron que sea sólo del 7.5 por ciento.

Asimismo, Jorge Méndez Spindola —quien es padre del subsecretario de Desarrollo Político en el estado, David Méndez Márquez— apoyó a los ex concesionarios en calidad de representante de la organización Reconstruyamos México.

En su intervención, señaló que el apoyo de la organización que encabeza busca acabar con los casos de corrupción que se han registrado en la entrega de las concesiones del servicio en las anteriores administraciones.

Además, descartó que pueda existir algún tipo de conflicto de interés en sus intenciones de apoyar a los quejosos, afirmando que no habrá ningún tipo de beneficio especial  hacia alguno de los ex concesionarios.