Los uniformes escolares que ordenó la anterior administración estatal encabezada por Guillermo Pacheco Pulido fueron comprados con un sobrecosto de más de 30 millones de pesos, motivo por el cual se iniciará una investigación para determinar si existieron casos de corrupción y sancionar a los responsables, además de que los kits escolares (pantalón o falda, camisa y zapatos) presentan múltiples defectos en las tallas y pésimos materiales de fabricación.

Melitón Lozano Pérez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reveló que se realizó un comparativo entre los costos de los uniformes que pagó el gobierno y los precios promedio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), habiendo un sobrecosto de 30 millones 294 mil 676 pesos.

Por ello, la Secretaría de la Función Pública realizará una investigación en contra de Pacheco Pulido, Miguel Robles Bárcena, ex titular de la SEP, y Jorge Estefan Chidiac, ex secretario de Finanzas y Administración, que realizó 79 adjudicaciones directas por un monto superior a los 500 millones de pesos.

De este modo se detalló que mandaron a fabricar un millón 44 mil 644 uniformes, con un costo de 266 pesos cada uno, además también se fabricaron 713 mil 220 pares de zapatos con un costo de 171.68 pesos.

En total la administración de Guillermo Pacheco Pulido destinó 277 millones 915 mil 955 pesos, mientras que la inversión de los zapatos fue de 122 millones 445 mil 610 pesos. De esta manera, la anterior gestión gubernamental pagó 400 millones 361 mil 565 pesos para la elaboración de uniformes de baja calidad y zapatos defectuosos.

Ante esta situación, Lozano Pérez informó que la Secretaría de la Función Pública será la encargada de realizar las averiguaciones correspondientes para determinar los motivos por los cuales se generó el sobrecosto en los uniformes, los cuales estuvieron a cargo de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido que a su vez eligieron a la Industria del Vestido AC para colaborar.

Uniformes y zapatos defectuosos

Melitón Lozano detalló que además de existir un sobrecosto en el precio de los uniformes, también fueron fabricados con estándares de calidad muy bajos, de acuerdo con un proceso de verificación que realizó la empresa certificadora Bureau Veritas.

Ante esta situación, el funcionario estatal deslindó al gobierno de Barbosa Huerta, señalando que fue el gobierno anterior quien ordenó la fabricación de los uniformes defectuosos, por lo que señaló que será decisión de los padres de familia determinar si sus hijos usan los uniformes escolares que serán entregados a pesar de los defectos  o utilizan otras prendas.

Indicó que en el caso de las camisas, éstas cumplen con un estándar básico de calidad, sin embargo, al momento de ser lavados tienen una tendencia a encoger sus tallas y no cumple con los estándares de elasticidad, además de presentar errores en las costuras.

Asimismo, los niveles de los materiales de fabricación que se encuentran en las etiquetas no corresponden, ya que tienen una composición de 69 por ciento de algodón y 32 de poliéster, mientras que la etiqueta dice que se componen por 67 por ciento de poliéster y 33 por ciento de algodón.

En el caso del pantalón y las faldas escolares, registraron inconsistencias en las costuras de los mismos, ya que éstas son frágiles y tienden a romperse. Dicho defecto también se encuentra presente en los suéteres.

Los zapatos que se entregarán a los alumnos de primaria y secundaria son un peligro, pues el modelo con el cual fueron fabricados tiene un desnivel en el talón, el cual puede generar una deformación en los pies de los estudiantes. Otro de los defectos que tienen es que las suelas están hechas de cartón y el material del zapato puede generar ligeras quemaduras cuando se expone a altas temperaturas.

Investigarán sobrecosto en uniformes y zapatos

Melitón Lozano señaló que se iniciará una investigación para determinar los motivos por los cuales se generó el incremento en el precio de los uniformes, además de los malos estándares de calidad.

En este sentido evitó señalamientos afirmando que esperarán a que se realicen las averiguaciones para determinar las sanciones que serán aplicadas en contra de los responsables.

“Le corresponde a la Función Pública hacer las indagaciones correspondientes y las acciones legales procedentes que corresponden en el caso”, declaró.