Cinco años después de los hechos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la reapertura del caso Chalchihuapan, donde un menor de edad fue asesinado en medio de una manifestación en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.

El Ejecutivo poblano afirmó que se enviarán solicitudes tanto a la CNDH como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) para que reabran las averiguaciones del caso de Chalchihuapan toda vez que se debe sancionar a los responsables de los hechos ocurridos.

Afirmó que las averiguaciones se retomarán con el objetivo de darle justicia a los familiares de José Luis Tehuatlie, el menor que murió durante un enfrentamiento entre pobladores de Chalchihuapan con elementos de la Policía estatal durante una protesta por la devolución del Registro Civil a las juntas auxiliares.

 “Se va a reabrir el tema Chalchihuapan a nivel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos una vez que haya condiciones para hacerlo, el Poder Ejecutivo del Estado va a solicitar su reapertura para que se haga la investigación que debió haberse hecho, vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que reabra el caso, no para juzgar a un muerto sino para que se investigue completamente y se haga justicia”, declaró.

Ley Nacional de Uso Legítimo de la Fuerza sustituirá Ley Bala

Del mismo modo, Miguel Barbosa confió en que el Congreso del Estado apruebe la derogación de la Ley Bala al recordar que su derogación fue vetada durante el gobierno de Antonio Gali Fayad y de Guillermo Pacheco Pulido.

En este sentido, descartó que se tenga que elaborar una ley que sustituya a la Ley Bala, toda vez que con la creación de la Guardia Nacional también se crearon distintas legislaciones, entre ellas la Ley Nacional de Uso Legítimo de la Fuerza, la cual será armonizada con las leyes poblanas.

“Después de la reforma constitucional en materia de seguridad pública, la que apareció la Guardia Nacional una de las cuatro leyes fue la Ley Nacional de Uso Legítimo de La Fuerza, la armonización de esa ley en todos los estados es un proceso legislativo para aplicar los procedimientos nacionales”, expresó.

En enero del 2017 la CNDH declaró cerrado el caso de Chalchihuapan, exonerando de responsabilidades al entonces gobernador Rafael Moreno Valle,  detallando que 16 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) enfrentaron procesos legales, sin embargo el titular de la dependencia, Facundo Rosas, no se encontraba dentro de ese listado.

La CNDH también reveló que como medida compensatoria, el Gobierno del Estado realizó el pago de 2.5 millones de pesos a Elia Tamayo, madre del menor fallecido durante el enfrentamiento entre pobladores y policías.