El Movimiento Antorchista Poblano llevó a cabo su primera Asamblea Estatal, en la que se repartieron los cargos, nombrando a Juan Manuel Celis Aguirre como presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE).

Eleazar Popoca Castillo, señalado de vender el registro de la agrupación Podamos Puebla por siete millones de pesos, recibió su ‘hueso’ al ser nombrado secretario de Operación Política; mientras que el presidente de Movimiento Antorchista Poblano, Aquiles Montaño Brito, fue nombrado como secretario de Comunicación Social del partido en formación.

Luego de lograr la ejecución de las 23 Asambleas Distritales obligatorias por los estatutos del Instituto Electoral del Estado (IEE), la agrupación ligada con Antorcha Campesina llevó a cabo este fin de semana su Asamblea Estatal para nombrar al presidente de su Comité y repartirse los cargos.

Durante el acto se contó con la presencia de los 228 delegados que fueron nombrados en cada una de las asambleas distritales, además de cerca de 800 personas que llegaron a las instalaciones del CCU para afiliarse.

El dirigente estatal de Antorcha Campesina y ex diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Juan Manuel Celis Aguirre, fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Antorchista Poblano, cargo que logró por unanimidad de votos.

Asimismo, se eligieron los titulares de 20 secretaías, entre las que destacan la Ejecutiva, que quedó en manos de Edith Villa Trujillo; Procesos Electorales, Ovidio Celis Córdova; Asuntos Jurídicos, Rocío Arce Rojas; Administración y Finanzas, Gabriel García y la Contraloría a cargo de Marlene Álvarez Gómez.

Mientras que el actual presidente de MAP, Aquiles Montaño Brito, fue nombrado secretario de Comunicación Social; en cuanto a Eleazar Popoca Castillo, quien es acusado por la venta de la agrupación Podamos Puebla, recibió el cargo de secretario de Operación Política.

Cabe señalar que no será hasta el mes de marzo, cuando el IEE determine entregar o no el nombramiento de partido político a MAP, después de realizar un análisis completo de su expediente y verificar cada una de las 23 asambleas; además de que el INE corrobore la legalidad de su padrón de militantes.