Por daño irreparable a sus derechos políticos electorales y violencia política de género, la representante de Podemos Puebla, Camerina Viveros Domínguez, presentó un escrito ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) para que sancione al Movimiento Antorchista Poblano.

Su portavoz e hija, Violeta Lagunes Viveros, exigió al menos una disculpa pública para su madre, pues aunque está de acuerdo con la resolución emitida por el IEE en contra de los antorchistas, este Organismo Público Local Electoral (OPLE) no emitió sanción alguna en contra de la agrupación.

“En su oportunidad, modificar el presente recurso de apelación supliendo la deficiencia de la queja (…), modificando la resolución recurrida para fundar y motivar correctamente todas aquellas causas por las que es ilegal el proceso seguido por ‘Movimiento Antorchista Poblano’ y quienes se ostentan como sus representantes; determinando también que se causó un daño irreparable a los derechos políticos electorales de la suscrita, causándome además violencia política en razón de género ordenando sancionar a quienes incurrieron en este hecho y en su caso, ordenar turnar los autos a las autoridades ministeriales para la persecución de hechos presumiblemente delictivos cometidos en contra de la suscrita”, cita el documento presentado este miércoles por las representantes de Podemos Puebla.

Asimismo, señaló que el principio de ‘ponderación’ con el que los antorchistas justifican su permanencia dentro del proceso de conformación como partido político es infundado, ya que además de que no se encuentra establecido dentro de las leyes de materia electoral, existen “millones de poblanos que no deseamos que Antorcha Campesina sea partido político”.

Durante la entrevista, Lagunes Viveros manifestó que la investigación en contra de  Elieser Popócatl Castillo no sólo debe ser por la supuesta falsificación de la firma de Luis Uriza Sánchez, ya que existen al menos otras cuatro en las que ‘sin ser perito de grafoscopia’ se pueden observar similitudes entre uno y otra, por lo que todo el documento debe ser intervenido por las autoridades, para determinar si existe o no un delito que perseguir.