La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado aprobó por unanimidad modificaciones a la Ley de Fiscalización del estado de Puebla para la creación de la Auditoría Forense y la creación de la Ley que establece los Procedimientos de Entrega Recepción de los Poderes Públicos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla.

En sesión ordinaria, los diputados que integran la comisión mencionada aprobaron por unanimidad las reformas a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado de Puebla, donde se incluye al Artículo 2 la definición del concepto de auditoría, con esto se da la pauta para que la ASE pueda realizar auditorías forenses y justificar la creación de la nueva dirección de la Auditoría Superior del Estado.

En una primera instancia se complementa la definición de lo que la ley considera auditoría añadiendo al artículo segundo de la Ley citada “la revisión de hechos y evidencias que permitan detectar e investigar actos u omisiones que impliquen probables irregularidad y conductas ilícitas”.

Otro de los artículos modificados es el 33, el cual dicta las atribuciones que tiene la Auditoría Superior del Estado, añadiéndose una fracción más para referir que la ASE puede realizar auditorías forenses en caso de considerarlo necesario, por lo que ya será responsabilidad del órgano de fiscalización modificar su reglamento interior, además de la expedición de los manuales de operación para la creación de la Auditoría Forense.

Aprueban Ley para el procedimiento de Entrega-Recepción

En ese tenor, la Comisión aprobó por unanimidad la iniciativa de creación de la ley que establece los Procedimientos de Entrega Recepción de los Poderes Públicos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla, presentado por su presidenta, la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo.

La nueva ley busca homologar los procesos de entrega recepción del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los municipios, pues los tres órdenes de gobierno realizaban un proceso según lo marcaba su normativa pertinente; al tener un proceso único para los distintos órdenes de gobierno se busca esclarecer el proceso y las sanciones aplicables a los que incumplen con el mismo.