El estado de Puebla se ubicó el octavo lugar a nivel nacional con el mayor número de embarazos adolescentes al registrar que 25 mil 608 mujeres menores de 20 años de edad tuvieron un parto durante el 2017, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de su reporte actualizado a finales de septiembre de este año, el Inegi estableció que en Puebla durante el 2017 se registró que el 18.8 por ciento de los 136 mil 217 nacimientos se trataba de embarazos de adolescentes, es decir, 25 mil 608.

Los datos detallaron que Puebla, con los 25 mil 608 embarazos de menores de 20 años, se ubicó en el octavo sitio con el mayor número, lugar que compartió con Veracruz y Sonora, los cuales obtuvieron el mismo porcentaje y superaron la media nacional de 17.9 por ciento.

Por encima de la entidad se colocó Chihuahua con el 21.4 por ciento, seguido por Durango con el 20.2 por ciento, Coahuila de Zaragoza 20.8 por ciento, Tlaxcala 19.7 por ciento y Guerrero con el 19.6 por ciento, al contrario, Quintana Roo con el 14.7 por ciento, Querétaro 15.1 por ciento, Nuevo León 15.6 por ciento, Baja California Sur 16.2 por ciento y Colima con el 16.4 por ciento obtuvieron las cifras más bajas.

Es importante mencionar que, a través de un reporte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que nueve gobiernos estatales que registran graves problemas de embarazos de adolescentes, entre el 2017 y este 2018 incumplieron en la repartición de métodos anticonceptivos.

La ASF especificó que los almacenes de Puebla no proporcionaron la documentación que acreditara la salida de 35 mil métodos anticonceptivos, entre pastillas, condones y parches, seguido por Guerrero con 23 mil 880 y Tabasco con cuatro mil 970, los cuales en conjunto sumaron 76 millones 125 mil 100 pesos, correspondientes al 100 por ciento de los insumos recibidos.

En total se sumaron 176 mil 921 métodos anticonceptivos que no fueron repartidos, lo cual equivale al 80.6 por ciento de los 219 mil 378 insumos que recibieron durante el 2017 a través de contratos públicos los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, México, Puebla, Querétaro y Tabasco.

Ante la omisión, la ASF indicó que las nueve entidades federativas minimizaron el impacto de una política del estado para lidiar con la crisis de embarazos adolescentes no deseados en México, ya que limitaron el acceso de sus poblaciones a servicios de salud sexual y reproductiva.