Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra del ex dueño del Club Puebla, Ricardo Henaine, por presunto fraude fiscal de más 83 millones de pesos en 2010, cuando aún era propietario del equipo de futbol. Sin embargo, el empresario no será detenido, ya que consiguió un amparo por parte de un juez en la Ciudad de México.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla ordenó la captura de Ricardo Henaine por la causa penal que se le imputa, después de una investigación realizada por la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR, que tardó tres años en finalizar.

El fraude fiscal que se suscitó en el 2010, cuando Henaine se hizo del control del Puebla después de que señaló al entonces presidente administrativo del equipo enfranjado, Francisco Bernat, por el cobro de contratos publicitarios, televisivos y con las cervecerías. A pesar de que Henaine le otorgó el perdón a consecuencia de que le cediera todas sus acciones del club, el dinero nunca llegó a las arcas de los enfranjados.

De acuerdo con Reforma, el empresario es investigado por un fraude fiscal del 2010, luego que en agosto de ese año el entonces presidente administrativo del Club, Francisco Bernat Cid, fue acusado por Henaine por hacer el cobro de contratos publicitarios, de televisión y de cerveceras, entre otros.

El empresario declaró en el 2010 al SAT que no había tenido ingresos, pero la PGR, después de su investigación, demostró que había tenido un ingreso acumulado por un total de 212 millones 163 mil 983 pesos, de los cuales no pagó 33 millones 944 mil 374 correspondientes al IVA, 37 millones 127 mil 409 de Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y 12 millones 728 mil 556 pesos por el ISR.

Ello da un total de 83 millones 800 mil 339 pesos, todo esto a través de su empresa de Futbol Soccer SA de CV, con la cual Henanine cobraría los 30 millones de pesos de Francisco Bernat que al final no fueron declarados al fisco.

Pese a esto, el empresario no será detenido, ya que consiguió un amparo por parte de un juez en la Ciudad de México, quien le concedió la suspensión provisional contra el mandato de captura, pues el delito imputado no amerita cárcel.