Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encargado de la integración familiar y asistencia a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, gastó este sexenio 2 mil 264 millones 608 mil 839 pesos, principalmente en contratos para eventos de días festivos, rifas, comida, fotocopias, impresiones, viajes, tarjetas de regalo, limpieza, combustibles, seguridad para personal, muebles, ropa, cursos-talleres y difusión de campañas, de acuerdo con el Portal de Obligaciones y Transparencia.

Angélica Rivera de Peña es la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF y Antonio de Jesús Naime Libién es el actual titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), luego de la salida de Laura Vargas Carrillo (2013-2017), esposa del ahora Senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue Secretario de Gobernación del 1 de diciembre de 2012 al 10 de enero de 2018.

En el próximo Gobierno federal –que encabezará Andrés Manuel López Obrador– la figura de “Primera Dama” desaparecerá y el DIF, orientado a combatir la pobreza infantil, pasará a ser parte de la Secretaría de Salud que dirigirá Jorge Alcocer Varela. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente electo, no tendrá ningún cargo oficial.

La Auditoría Superior de la Federación analizó los programas del DIF, instancia que a nivel federal, estatal y municipal ofrece estancias infantiles, casas hogar, desayunos escolares, centros de acopio, comedores comunitarios y actualmente apoya a los migrantes en caravana.

En la Cuenta Pública de 2015, halló opacidad en la gestión del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, y en el Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, por lo que hubo un probable daño al erario por 249 mil 119 pesos ante la falta de documentación comprobatoria de los gastos.

Sobre los desayunos escolares para contribuir a la seguridad alimentaria de estudiantes, el órgano fiscalizador observó en 2016 errores en el padrón de beneficiarios y en las reglas de operación del programa en Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora.

Para la Cuenta Pública de 2017, la ASF expuso que a tres años de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a dos años de la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ha faltado coordinación para integrar la información de niños y adolescentes susceptibles de adopción; de niñas, niños y adolescentes migrantes, y el registro de las autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología para los procedimientos de adopción.

También se careció de cifras oficiales de niñas, niños y adolescentes que fueron vulnerados en sus derechos y la falta del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social implicó una deficiente regulación.

Además, el diseño de políticas públicas en salud fueron insuficientes, se desconoce el número de la población infantil y adolescente que presentó mayor necesidad de micronutrientes; y en los servicios culturales se llevó a cabo el 31.7 por ciento de las 83 mil 855 actividades previstas sin que se acreditara su contribución en el cumplimiento de la protección de los derechos de niños.