La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que los cuerpos de al menos 19 personas pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula y pidió a las autoridades analizar los restos óseos para determinar si corresponden a alguno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En la presentación del informe de su Recomendación 15VG/2018 por violaciones graves de Derechos Humanos en el Caso Iguala, dirigida a autoridades de los tres niveles de gobierno, la Comisión denuncia penetración y colusión entre miembros del crimen organizado e instituciones encargadas de investigar los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en los que 6 personas perdieron la vida, 42 resultaron con lesiones y otras 43 fueron víctimas de desaparición forzada.

De acuerdo con el informe, que sintetiza más de un millón de hojas y 1255 tomos, las autoridades encargadas de proveer información obstaculizaron de forma reiterada la investigación y en muchos casos fueron negligentes a cumplir con diligencias o atender la legítima demanda de justicia de víctimas y familiares.

La CNDH aclaró que las conclusiones de su Recomendación se sustentan no sólo en testimonios y confesiones, sino en evidencias científicas y opiniones expertas, así como estudios de ADN, de entomología, georreferenciación, geolocalización y forenses.

El organismo nacional denunció que parte del desaseo y poco profesionalismo  con el que se condujo la investigación oficial, se ejemplifica en el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) subestimó el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales e ignoró que en el material contenido en la bolsa recuperada del Río San Juan se encontraban otras 3 porciones petrosas, además de 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos.

"El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos", indicó González Perez en otra parte de su mensaje.

El Ombudsman Nacional insistió en que un crimen de las dimensiones de lo que se registró en Iguala sólo pudo ser posible por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno, por lo que hizo un llamado para la formación de instituciones de procuración de justicia honestas, eficaces y responsables, así como la reinstalación del Estado de Derecho en el país.

Otra de las condenas en torno al caso fue la llamada "Verdad Histórica", que el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó meses después de los hechos y con la que pretendió dar "carpetazo" a la investigación.

Según la CNDH, el gobierno federal violentó el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad al difundir declaraciones sesgadas o información parcial que desorientó el sentido de la impartición de justicia. En específico, el presidente de Comisión hizo alusión, de manera indirecta, a la diligencia presuntamente ilegal que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, condujo el 28de octubre en las inmediaciones del Río San Juan.

Fuente: SDP Noticias