Una de las funciones de la Cámara de Diputados es retirar la impunidad constitucional otorgada a servidores públicos y legisladores, conocida como fuero, para que puedan ser sujetos a procesos legales.

El caso del diputado Charrez es el primero que toca revisar a los diputados, y al que muchos ciudadanos están atentos porque –argumentan— será emblemático lo que ocurra.

Sin embargo, es preciso decir que, en este caso, el que estará siendo juzgado es Cipriano Charrez, un diputado militante de Morena, y no el partido político que lo postuló.

Es decir, las conductas irregulares las cometen los ciudadanos y no las organizaciones.

Cipriano Charrez deberá responder ante la Sección Instructora para exponer sus argumentos y rebatir las acusaciones. Posteriormente, un dictamen que será votado por el pleno cameral determinará si se le retira el fuero o no y, al final, si pierde la inmunidad, podrá ser detenido por la Procuraduría de Justicia de Hidalgo.

Y, como en todos los casos en los que están involucrados servidores o ex servidores públicos, debe decirse que nadie puede estar por encima de la ley.

Este caso se suma al del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, también buscado por la justicia de su estado, y que a decir de la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, tiene sus derechos políticos suspendidos al interior de este partido.

En este caso, como en el de Charrez, tampoco está a juicio el PRI, sino uno de sus militantes que debe responder a las acusaciones y defenderse con todos los mecanismos legales a su alcance.

Aquí también debe exigirse la aplicación de la ley e impedir la impunidad.

Sólo así, aplicando y respetando la ley, es como avanzaremos.