En las últimas semanas, una vez que han tomado posesión los diputados y senadores que salieron victoriosos en la contienda electoral, se observa una gran movilidad legislativa. Basta con observar la gaceta parlamentaria en donde aparecen todas las iniciativas que se han estado presentando en este mes de septiembre de 2018, y aún hay que esperar las que faltan por presentar. Reformas legislativas de toda índole, como si se tratara de un maratón en donde los participantes estuvieran esperando para arrancar y salir con todas las propuestas que se pudieran acumular, como es el caso de los cambios que se pretenden hacer en las leyes fiscales, como establecer más gravámenes o, bien, modificar los ya existentes.

Así, tenemos que se pretende crear un impuesto al valor agregado con una tasa menor en ciertas zonas fronterizas del país, derogar el impuesto sobre la renta respecto a los salarios; pero, a su vez, gravar con el impuesto sobre la renta las herencias y donaciones, incluso entre cónyuges; implementar una retención al impuesto al valor agregado para combatir las facturas falsas, y un sinnúmero de más iniciativas. Sin embargo, con toda esa vorágine de iniciativas de leyes que se han presentado, se corre el riesgo de que, aun siendo buenos propósitos, no se lleguen ni a leer, menos aún a aprobar; aunque lo más peligroso es que, sin ser leídas, sean aprobadas, pues con la finalidad de justificar el cambio, se puede atropellar cualquier procedimiento y reglamentación legislativa para aprobar las leyes, lo cual bastaría para provocar la ilegalidad de esas reformas.

Los libros dictan que las leyes deben ser lo más permanentes posibles. Desde luego, la permanencia de las mismas es, en parte, lo que les da fuerza ante la población para que sean cumplidas; por tanto, esas modificaciones constantes que se presentan repercuten en el cumplimiento de la ley y, por ende, los cambios hacen que ellas y el Estado pierdan legitimidad, dado que se convierten en leyes que pocos van a cumplir o, bien, que muchos van a impugnar. Por ello, a decir de Ugo Mettel, “el Estado de Derecho exige una legislación transparente, leyes justas, ejecución predecible y gobiernos responsables para mantener el orden, promover el crecimiento del sector privado, combatir la pobreza y tener legitimidad” (Mattei, Ugo; Nader, Laura. Saqueo cuando el Estado de derecho es ilegal. Lima: Palestra, 2013).

Pero, para llegar a esas leyes justas, ejecución predecible, es decir, a que las leyes brinden seguridad jurídica, es necesario que se aprueben con la mayor reflexión posible. Ahora bien, precisamente, el problema principal en México es que pocos se enteran qué se está ‘cocinando’ dentro del Congreso de la Unión y cómo puede repercutir en los derechos de los ciudadanos. Por tanto, se llega al extremo de tener conocimiento de las leyes una vez que han sido aprobadas y que han entrado en vigor, debido a la ausencia de procesos democráticos para conocer y debatir las reformas legislativas. De modo que, finalmente, el que exista una ‘diarrea’ de iniciativas legales, claramente, no es una muestra de un cambio democrático, si no se permite la mayor participación a los sectores que pudieran verse afectados e, incluso, beneficiados con esas iniciativas. Por eso la importancia de, por ejemplo, los plebiscitos (aunque no todas las iniciativas de ley están para hacer plebiscitos, además sería imposible esa titánica tarea). Por lo tanto, es preciso implementar medidas que permitan escuchar a los ciudadanos, a los afectados por esas modificaciones legislativas, pues, de no ser así, seguiríamos con que, lejos de que haya una participación democrática en la creación de las leyes, se trataría de lo mismo que está sucediendo actualmente: que las leyes son dictadas por los expertos, es decir, por la tecnocracia y no por la democracia.

Por ello, si bien se ha presentado una diversidad de iniciativas de ley, es substancial que se siga ese enunciado del profesor Daniel Innerarity: “Que la voluntad popular sea la última palabra, pero no la única, que el juicio de los expertos se tenga en cuenta, pero que no nos sometamos a él” (La política en tiempos de indignación. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2015), porque, al parecer, en México, sobre todo en la materia tributaria, nos hemos acostumbrado a que la única voz en el proceso legislativo sea la de los expertos, es decir, la de la tecnocracia, y la democracia la dejamos para una mejor ocasión, que es precisamente una vez que se han aprobado esas iniciativas en forma atropellada, vulnerando los procedimientos y, sobre todo, sin escuchar a los afectados; las acciones democráticas actúan tarde y, normalmente, ya vistas las afectaciones a los derechos de los gobernados, la única muestra de democracia se encuentra en los tribunales, donde los contribuyentes promueven sus medios de defensa, en particular el juicio de amparo, que es, a veces, la única muestra de democracia que existe en el país. No obstante, también ocurre que, desafortunadamente, en muchas de las ocasiones, los jueces y tribunales se encargan de dejarlo, precisamente, para una mejor ocasión denegando, desde luego, justicia y con ello democracia.