Dentro de las propuestas que existen actualmente en el Congreso de la Unión, las cuales pudiera decirse que son millares, se encuentra la que corresponde a la enésima reforma constitucional, ahora para que desaparezcan las comisiones de derechos humanos de los estados y, desde luego, la Nacional, y con ello crear un organismo también autónomo que ahora se denomine: ‘Defensoría del Pueblo’.

La propuesta de que desaparezcan las comisiones de derechos humanos desafortunadamente se la han ganado con creces a lo largo de su existencia. En general, poca relevancia tienen las comisiones de derechos humanos, y en el último sexenio se agudizó su inoperancia nacional. Las opiniones y recomendaciones que dan se centran en opinar lo opinado y recomendar lo recomendado; es decir, bastaría el sentido común para saber en cada caso en particular cuál es el sentido de la recomendación respectiva. Por ello, su poca efectividad en la protección a los derechos humanos, independientemente de que pudieran ser la voz de la protección de ellos en las iniciativas de ley, en las políticas públicas o, bien, en la simple gestión administrativa con otras dependencias. Esta poca efectividad pues es muy clara en que muchas de las ocasiones la simple respuesta de la autoridad en un caso evitaría que se agudicen los problemas o que caigan en muertes, desapariciones, etc, pero esto ha pasado a segundo término para las comisiones, que prefieren, en cada uno de los casos que les corresponde, analizar la forma de resolver que no hubo violación a los derechos humanos.

Se debe considerar que esas comisiones fueron creadas, principalmente la nacional, en el tiempo de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, cuando el interés de su creación era que se sostuviera una imagen para el extranjero de que en México se respetaban los derechos humanos, que los derechos de las personas estaban salvaguardados en las instituciones de México; y esto debido a que, desafortunadamente, en esos tiempos aún se veía a México como una nación en donde las violaciones a los derechos humanos eran al por mayor y manifiestas, que no había quien respetara las leyes; México era un país lleno de delincuentes o, como se sostenía en los tiempos de la revolución del sur de México, eran ‘come vacas’ (Ávila, Felipe. Breve historia del zapatismo. Ciudad de México: Crítica, 2018). Tal situación ponía en riesgo las inversiones que los extranjeros pudieran poner en juego (en el caso concreto de la celebración del Tratado de Libre Comercio) y, precisamente por ello, se crearon esas comisiones, para evitar que se tuviera tal imagen de un país del tercer mundo al que los otros dos países norteamericanos pretendían darle la categoría de socio.

La posición actual es diferente, por tanto, por sentido común, se debe hacer algo con las comisiones. Ahora bien, el que se denominen actualmente como Defensorías del Pueblo y que sus recomendaciones sean vinculativas es un cambio; sin embargo, para que cumpla con su efectividad, es necesario que se analice la procedencia de la iniciativa, que se asuma que se debe hacer una consulta popular para nombrar al que presidirá dicha defensoría, pues el papel en ese cargo es sumamente importante para su efectividad. Por ende, debe ser alguien técnico y no político, aun cuando vemos que en elecciones de ese tipo de cargos frecuentemente ocurre que el cargo no recae en la persona ideal como técnico de la materia, sino en un político (Lorenzetti, Ricardo Luís. Teoría de la decisión judicial. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2008). Y esto es algo que debe reconsiderarse, pues no debe perderse de vista que hace tiempo el presidente Evo Morales sostuvo que uno de sus fracasos en el tiempo que lleva en la presidencia de Bolivia fue haber propuesto una reforma para que los jueces de la Corte Suprema de Bolivia fueran nombrados democráticamente por el pueblo, pues, al final, se nombraron políticos y no técnicos, lo cual repercute gravemente en la decisión judicial. Así, en el caso que nos ocupa con la defensoría del pueblo, puede suceder algo semejante, que se elija una persona que no sea la ideal al haber salido victorioso un político y no un técnico de la materia que permita hacer funcionar ese organismo que tanto hace falta a México, sobre todo para despresurizar los tribunales y juzgados que bien puede resolver los graves problemas de la violación a los derechos humanos.