La fecha del 11 de agosto de 1919 es emblemática para la historia reciente de la humanidad, ya que fue el día de la promulgación de la Constitución alemana denominada de “Weimar” por haberse llevado a cabo en esa población. La particularidad de dicha Constitución, que está por conmemorar 100 años, es que le abrió los ojos a todos aquellos que estaban ciegos de la necesidad de un cambio del viejo Estado legalista del siglo XIX, el cual solamente se sustentaba en el principio de legalidad formal y en la división de poderes.
Es evidente que hay algo más que fue puesto en la palestra ese 11 de agosto de 1919, y consiste en la pretendida conformación del Estado Social de Derecho, también llamado Estado de Bienestar, con el que las naciones cuentan con una perspectiva diferente a la de simplemente respetar y garantizar los derechos de libertad, y que se reducía, muchas de las ocasiones, a la mera libertad de trabajo.
Así, esta Constitución puso en relieve para el mundo y, en particular, para la ciega academia jurídica que hay más que esas libertades de trabajo, la cuales, muchas veces, se convierten en eternas esclavitudes y llegan al extremo de impedir el desarrollo de las personas o, en su caso, se convierten en salidas alternas ante otro tipo de fracasos. Por ello, esa fecha del 11 de agosto de 1919 es sustancial para un cambio en el mundo jurídico y político, sobre todo en Europa. No obstante, muchos de los principios que pregona la Constitución de Weimar se encuentran ya previstos en aquella Constitución mexicana de dos años antes, pero como fue promulgada en un lugar que no es Europa y fuera de las ideas de un país europeo ―pero, sobre todo, porque proviene de la revolución del sur, iniciada por personas no letradas, como fueron Villa y Zapata― entonces está fuera de la historia oficial, es decir, de la historia euro-céntrica que es la que dicta nuestras vidas y nuestra forma de pensar en el mundo occidental.
Esa vetusta Constitución alemana trajo ese Estado Social de Derecho que procura la protección de los derechos sociales, esos que provienen de los derechos de igualdad de las personas, en los que el máximo eje es el respeto a la dignidad humana, aquella concepción que se ha dicho últimamente que es “el fundamento de los derechos fundamentales”. Una concepción, sin embargo, muy problemática, porque desmenuzar una explicación clara y contundente de ese concepto de “respeto a la dignidad humana” a veces resulta muy complicado. Por ello, en la práctica, las leyes, las políticas públicas y las propias actitudes de los órganos del Estado contravienen ese derecho primario que provoca grandes rupturas y que nace de violaciones a derechos casi invisibles o solamente evidentes desde la propia victima y no del victimario.
La constitución del 11 de agosto de 1919 tuvo una vida efímera (hasta 1933), pues inmediatamente las políticas conservadoras provocaron la caída del sistema y de ella. No obstante, el tiempo le dio la razón a esa nueva visión constitucionalista del Estado y, prácticamente después de la segunda guerra mundial, se implementó en muchos de los países de Europa. Pero, nuevamente ―cual si el mundo fuera un péndulo―, a partir de la década de los 80 cayeron en retroceso dichos estados sociales de derecho, en principio, con Inglaterra y, después, con Estados Unidos de América; y así se siguieron los demás Estados del denominado primer mundo. Una caída que se agudizó con el preámbulo del espantoso año de 2007 y, luego, la crisis económica de 2008.
América latina apela a esos derechos sociales; por ende, se han modificado las constituciones, desde la década de los 80 a la fecha, en nuestros países para llegar a ese Estado Social de Derecho. Sin embargo, estamos enfrascados en estériles luchas que provocan cada día más su retroceso; peleas, a veces, provocadas y, en otras ocasiones, artificiales. También, estamos ante un gran opositor, a saber, los monopolios, las grandes corporaciones, el poder económico hegemónico, que ya no corresponden a las políticas públicas de derecha, pues se les ha olvidado la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libre competencia y han hecho del mercado su propiedad. Por tanto, la privatización de servicios médicos, de la instrucción escolar, muchos de los servicios públicos son parte del éxito económico de esas corporaciones que, desde luego, impiden la conformación de ese Estado social de derecho y la cristalización de esos derechos sociales, que van mas allá del principio de legalidad. Por tanto, el reto es la batalla permanente para obtener esos derechos, sobre todo en nuestros países que se encuentran en grados de pobreza y angustia manifiestas y en cientos de batallas perdidas. Con todo, así como las victorias no son absolutas, tampoco lo son las derrotas; por ello es que las naciones de nuestra región deben luchar y buscar una segunda oportunidad.